Los delegados sindicales del Concello de Cangas impugnan los nuevos carteles de «entrada a poblado» y consideran que las multas de la Policía en el entorno de las playas serían «nulas e ilegales»

El Concello de Cangas anunció esta semana la instalación de los nuevos letreros que señalan la entrada a poblado en distintos tramos de las carreteras del municipio, como las generales PO-315, en dirección a Aldán, y PO-551, hacia Bueu, además de todas las vías provinciales y los accesos a las playas. Esta medida permitiría a la Policía Local realizar labores de control del tráfico en esas zonas sin invadir las competencias de la Guardia Civil. Especialmente durante el verano, la nueva señalización daría cobertura al Concello para que los agentes municipales pudieran sancionar los vehículos mal estacionados en el entorno de los arenales más concurridos, como los de las parroquias de O Hío y Aldán. En este inicio de la temporada estival, únicamente la Guardia Civil de Tráfico llevó a cabo campañas de vigilancia, con decenas de sanciones en áreas como el entorno de la playa de Barra.

Sin embargo, los delegados sindicales del Concello, en representación de CCOO y CSIF, Rubén González y Evaristo Rivas, presentaron por registro un escrito en el que impugnan esta decisión del gobierno local tripartito. En él solicitan al ejecutivo municipal que «ordene la paralización inmediata» de cualquier actuación destinada a la instalación de señales S-500 (entrada a poblado) en carreteras de titularidad autonómica o provincial «mientras no conste en el expediente la autorización expresa y reglamentaria de los titulares de dichas vías, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra», o bien un convenio de traspaso de competencias «formalizado con el Ministerio del Interior».

Asimismo, reclaman al Concello que se abstenga de dictar cualquier orden de servicio o instrucción dirigida a la Policía Local «que pretenda obligar a los agentes a ejercer funciones de control de tráfico en tramos interurbanos bajo la excusa de la citada señalización artificial».

Los representantes sindicales advierten de que, si no se atienden sus requerimientos y se continúa con la instalación de las señales o la emisión de las citadas órdenes, denunciarán los hechos «ante la Consellería de Infraestructuras de la Xunta, la Diputación y la Jefatura Provincial de Tráfico», además de reservarse el derecho a emprender acciones contencioso-administrativas con solicitud de medidas cautelares de suspensión.

Para fundamentar su posición, sostienen la presunta «manifiesta incompetencia del Ayuntamiento para señalizar las vías mencionadas», al entender que esta competencia corresponde exclusivamente a los titulares de cada carretera. Añaden que cualquier denuncia o atestado instruido por la Policía Local en esos tramos «basándose en una señalización ilegal» sería «radicalmente nulo», lo que podría derivar en «una oleada de recursos de los ciudadanos» y en «una directa responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los perjuicios causados».

Por último, los delegados sindicales consideran que obligar a los agentes de la Policía Local a «ejercer potestades sancionadoras y restrictivas de derechos» en zonas donde, a su juicio, carecen de competencia legal «bajo el único pretexto de unos carteles instalados fraudulentamente» situaría a los funcionarios en una posición de «desprotección jurídica extrema».

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