PP y AV se oponen a la ordenanza de uso de la basura y advierten de nuevas alegaciones

La Mancomunidade do Morrazo celebró este jueves una nueva asamblea con una ordenanza sobre la mesa y, de nuevo, con medidas excepcionales de control de acceso. Los concejales de Bueu, Cangas y Moaña estaban citados por la tarde para someter a votación la aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora del servicio para la gestión integrada de los residuos municipales. El texto salió adelante con los votos a favor del tripartito que gobierna el órgano comarcal —BNG, PSOE y EU— y con la firme oposición del PP y de la concejala de AV, Victoria Portas.

Como ya había ocurrido con la ordenanza fiscal en febrero, la presidenta de turno de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ordenó a la Policía Local la identificación de todos los concejales y del resto de vecinos que quisieran asistir como público a la reunión. El aforo quedó muy reducido, al limitarse solo a los asientos del salón de plenos moañés, en gran parte ocupados ya por los propios ediles.

La asamblea de este jueves llegó después de una aprobación inicial del mismo texto por parte de la junta de gobierno de la Mancomunidade. Tras las alegaciones y peticiones de nulidad presentadas por el PP y AV, la secretaria del organismo informó de que el asunto debía elevarse al pleno comarcal. En su informe señala que «no se aprecia de forma inequívoca la nulidad del acuerdo adoptado por la junta de gobierno», según la redacción de los estatutos. Sin embargo, reconoce que existe «una duda interpretativa razonable respecto del órgano competente para la aprobación de la disposición».

Más allá de la cuestión formal de la tramitación, los grupos que se oponen a la nueva ordenanza volvieron a mostrar su rechazo al fondo de la norma en varios aspectos. La parte más polémica es el régimen sancionador, que recoge como infracciones leves, con multas de entre 300 y 2.000 euros, prácticas como no separar los residuos por fracciones para su reciclaje, depositar la basura fuera del horario establecido, manipular o desplazar contenedores o no compostar en casa los residuos orgánicos.

El PP votó en contra de la aprobación inicial y adelantó que tratará de forzar, durante el periodo de alegaciones, el reinicio de toda la tramitación desde cero. Los populares apelan a la necesidad de incorporar nuevas bonificaciones por prácticas de protección del medio ambiente recogidas en normativas estatales. También consideran que «no se respeta el principio de proporcionalidad en las sanciones».

«Seguimos pensando lo mismo pese a las últimas modificaciones», explicó el concejal del PP de Cangas, Pío Millán. El edil lamentó que la consulta previa para esta ordenanza se realizase mediante una publicación en la página web de la Mancomunidade entre el 8 y el 28 de agosto de 2025, «sin que nadie se enterase ni se avisase a los grupos políticos de que estaba abierto ese proceso».

Por su parte, Victoria Portas celebró en su intervención que la administración rectificase «por seguridad jurídica» en su intento de aprobar la normativa por la vía de la junta de gobierno. Sin embargo, aseguró que no pueden aceptar «que este reinicio sea un simple cambio de sello, sin cambiar el espíritu de la norma».

Aunque se aceptó flexibilizar el compostaje y rebajar el mínimo de las multas, Portas lamentó que se siga «ignorando nuestra petición más importante: una fase real de educación e información». «No se puede pretender que 58.000 personas cambien sus hábitos de la noche a la mañana bajo amenazas de multas de 2.000 euros», añadió.

La exalcaldesa de Cangas propuso que la aprobación inicial incorporase una disposición transitoria para establecer una moratoria sancionadora de hasta seis meses. «Una ordenanza de funcionamiento debe ser un manual de civismo, no una herramienta recaudatoria. Queremos enseñar a los vecinos a reciclar antes de castigarlos por hacerlo mal», concluyó en sus argumentos.

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