La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 14 personas por colaborar para legalizar embarcaciones con documentación falsa en una trama desde Bueu. Las penas oscilan entre los diez meses y los dos años y medio de cárcel al considerarlas autoras de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, en concepto de cooperadoras necesarias.

El tribunal declaró en su sentencia la extinción de la responsabilidad penal del principal investigado, el antiguo responsable de la empresa Astixano, con sede en Bueu, debido a su fallecimiento. En el fallo judicial se entiende probado que el fallecido administraba una sociedad dedicada a la construcción de embarcaciones, que tenía un astillero en el municipio buenense. Al menos entre 2013 y 2021 «se dedicó a emitir declaraciones de conformidad de embarcaciones que simulaba construir, pero que en realidad elaborada a cambio de precio». En unos casos era para personas que tenían barcos de tercera lista y querían una matrícula adicional de séptima lista, y en otros casos a personas que eran titulares de embarcaciones que carecían de documentación que las habilitase para la navegación. En todos los supuestos, señala la Audiencia, se trataba de barcos «que no se construían en el astillero y que carecían de una documentación legal».

Admite el fallo que no hay indicios suficientes para afirmar que todas las personas que obtenían la matrícula de sus barcos eran conocedoras de que el administrador no estaba habilitado para documentar embarcaciones que no había construido. Sí se asegura que entre 2016 y 2020 profesionales de la náutica y de la compraventa de embarcaciones consiguieron la inscripción y matrícula de barcos que no tenían documentos y se los entregaban a sus clientes, «a pesar de ser conscientes de la ilegalidad del procedimiento».

El tribunal absuelve a las dos personas a las que se le retiró la acusación como cómplices de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público, y que eran hermanos del fallecido. Por ese mismo delito sí se condena a nueve de los acusados a una pena de un año y dos meses de prisión, mientras que a otros dos sospechosos se les condena a diez meses de cárcel. Los once reconocieron los hechos y obtienen una pena rebajada.

Además, la Sala condena a tres personas como autoras del mismo delito, para imponerles respectivamente un año y medio, dos años y medio y dos años y tres meses de prisión, respectivamente. La sentencia es recurrible ante el TSXG.

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