Convocatoria exprés de la junta de portavoces por la subida catastral

Hay confusión entre las posturas del gobierno local de Cangas y principal partido de la oposición, el Partido Popular en torno a la lucha de la actualización catastral. En la reunión informal que tuvieron los portavoces del Partido Popular, Rafael Soliño, y el del BNG, Antón Iglesias, al término de la junta de portavoces previa a la celebración del pleno, pareció que se había alcanzado un acuerdo, que el BNG y el gobierno estaban en sintonía en lo que se refiere a las demandas al Catastro: primero exigir la eliminación de los atrasos de cuatro años que están llegando a los vecinos de Cangas. Era una cuestión que no se discutía. Pero ayer, sin embargo, se empezó a poner en duda. El PP pensó que el gobierno local no estaba en esa lucha, sino en la de fraccionar los atrasos. Sin embargo, el concejal del BNG Antón Iglesias insistió en que la prioridad es la eliminación de los atrasos, que si no se conseguía se seguirían otras estrategias, pero que esa era la prioridad. Al PP le entró cierta duda ya que conocía que los informes de los asesores jurídicos del Concello mantenían que legalmente era imposible que Catastro renunciara a cobrar los atrasos. Claro que una cosa es lo que dice la ley y otra la opción política.

Está previsto que estas diferencias, si es que las hay, se arreglen en la junta de portavoces que tendrá lugar el próximo martes solo para debatir el conflicto del catastro y establecer una estrategia común. El PP ya recibió la convocatoria y respondió, sin embargo, quien no lo hizo todavía fue Alternativa dos Veciños, que encabeza, Victoria Portas.

Será después de esta reunión cuando se solicite una cita con la Jefatura Provincial del Catastro con el propósito de plantearle la negativa a que los vecinos afectados, alrededor de 3.500, paguen los recibos atrasados de cuatro años. Se sabe que en otros municipios de España también se intentó esta fórmula, pero fracasó.

El PP sí está muy preocupado porque la actualización de los valores catastrales no solo afecte al suelo, sino que también alcance a viviendas, algo que el portavoz del PP, Rafael Soliño, considera que no debe ser en este proceso.

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