Las alegaciones de PP y AV obligan a votar en la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo la nueva ordenanza de usos de la basura

La nueva ordenanza reguladora del servicio de gestión integrada de los residuos municipales tendrá que someterse finalmente al examen y votación de la Asamblea de la Mancomunidade do Morrazo, integrada por todos los concejales de Bueu, Cangas y Moaña. El texto había sido aprobado inicialmente por la Xunta de Goberno del ente supramunicipal —formada por BNG, PSOE y EU—, pero un informe de la Secretaría de la Mancomunidade concluye ahora que debe elevarse al pleno mancomunado. La decisión llega tras las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública por la edil de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, y por el grupo municipal del PP de Cangas. Ambas partes solicitaban la nulidad de pleno derecho del acuerdo al entender que la aprobación de ordenanzas es una competencia «exclusiva e indelegable» de la Asamblea.

La norma había generado debate, sobre todo, por el régimen sancionador que contempla para los casos de mal uso del servicio de recogida de basura. El texto recoge como infracciones leves, con multas de entre 300 y 2.000 euros, prácticas como no separar los residuos por fracciones para su reciclaje, depositar la basura fuera del horario establecido, manipular o desplazar contenedores o no compostar en casa los residuos orgánicos. Las fuerzas de la oposición calificaron estas sanciones de «desproporcionadas» desde el inicio, mientras que el gobierno comarcal defendió que el documento recoge el régimen sancionador previsto en la normativa estatal.

Tras analizar las alegaciones, la secretaria estima parcialmente los argumentos presentados. En su informe señala que «no se aprecia de forma inequívoca la nulidad del acuerdo adoptado por la junta de gobierno» según la redacción de los estatutos. Sin embargo, reconoce que existe «una duda interpretativa razonable respecto del órgano competente para la aprobación de la disposición».

El informe técnico alude a la «redacción poco clara» de los estatutos y apuesta por la «máxima seguridad jurídica»

El informe explica que el primer documento técnico en el que se apoyó el tripartito respaldaba que la norma no tuviese que pasar por la Asamblea, al considerar que, «desde una perspectiva material», presenta características propias de un reglamento de servicio. Por ese motivo, podría encajar entre las competencias de la junta de gobierno. No obstante, su denominación formal como ordenanza impide «excluir de forma indudable la competencia de la Asamblea General».

En consecuencia, la secretaria recomienda someter el texto al pleno mancomunado, «garantizando de esta forma la máxima seguridad jurídica del procedimiento». La presidenta de turno del organismo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), explicó que esta estimación parcial de las alegaciones se votará en la Comisión Especial de Contas, que previsiblemente se celebrará durante la semana del 22 de junio.

El informe técnico subraya que el cambio en la tramitación busca aplicar «los principios de seguridad jurídica, buena administración, eficacia y conservación de los actos administrativos».

En el mismo documento, la Secretaría recomienda también iniciar los trámites para revisar y actualizar los Estatutos de la Mancomunidade, que estarían «notablemente desfasados». Entre otros aspectos, considera necesario «clarificar la repartición de competencias entre la Asamblea y la junta de gobierno», además de incorporar los nuevos principios de «sostenibilidad y economía circular exigidos por la normativa estatal y europea».

Los gobiernos locales de Bueu, Cangas y Moaña, muy criticados por la oposición durante esta tramitación, aseguran que seguirán el criterio de los informes técnicos y jurídicos de la Mancomunidade, «al igual que se hizo al inicio del procedimiento».

Sectores profesionales

Durante el periodo de exposición pública de la ordenanza, y tras la preocupación generada por las sanciones económicas previstas en caso de infracción, el gobierno comarcal mantuvo reuniones con entidades que se consideraban afectadas, entre ellas los comerciantes agrupados en Fecimo.

«El objetivo era mejorar el texto e incorporar aquellas aportaciones que resultasen compatibles con los objetivos de la norma», señalan desde los tres ejecutivos locales.

Como resultado de este diálogo, se acordó adaptar los horarios de depósito de residuos a las necesidades de los establecimientos hosteleros adheridos al servicio de recogida puerta a puerta de biorresiduos. En concreto, se reconoce que, al retirar de la bolsa los restos orgánicos, se evita la generación de lixiviados y se reduce el impacto de los olores si los residuos permanecen más tiempo en el contenedor verde.

Por este motivo, los horarios para depositar basura en los contenedores por parte de los sectores profesionales serán «flexibles», fuera de la rigidez que establece que las bolsas solo pueden depositarse entre las 20.00 y las 23.00 horas.

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