El Tribunal de Instancia de Cangas archiva el caso de «la casa de los horrores»

El Tribunal de Instancia de Cangas archivó el caso conocido popularmente como la «casa de los horrores» y que supuso la detención de tres personas a los que se les causaba de un delito de homicidio imprudente. En diciembre de 2024, la Guardia Civil detuvo en Cangas al hijo y a la nieta de una anciana que había fallecido por un presunto déficit alimentario severo. También se investigó al marido de la fallecida, como en su momento adelantó el propio subdelegado del Gobierno, Abel Losada. La anciana tenía 78 años de edad y se encontraba encamada debido a su movilidad reducida.

Tras su fallecimiento, el pasado 3 de noviembre de 2024, la autopsia determinó que la causa fundamental de la muerte había sido un «déficit alimentario severo». La anciana murió momentos antes de que hubiese llegado al domicilio la ambulancia del 061, que fue llamada por la familia.

Ya advertía en aquel momento el abogado del hijo del fallecido, Alfredo Iglesias, que en estos casos había que actuar con máxima prudencia a la hora de trasladar datos, con el propósito de evitar una condena social anticipada. En su momento, los acusados se acogieron a su derecho a no declarar ante la falta de información que había en aquel momento.

Alfredo Iglesias ya manifestó en que momento que «la repercusión pública de la detención no tendrá, a lo largo de mucho tiempo, o quizás, jamás, reparación en el caso de que nunca resulten condenadas por los hechos que se les imputa, lo que lesiona gravemente sus derechos como ciudadanos». El paso del tiempo y la resolución judicial le da la razón.

Las dos personas detenidas por la Guardia Civil convivían en la misma vivienda sita en el entorno de la iglesia de la excolegiata de Cangas, junto a la anciana y el compañero de ésta, que después también fue investigado: un hombre de avanzada edad y con problemas serios de salud. Varios vecinos apuntaron que a la familia no le sobraban recursos y mencionaron que tenían cartones y folletos tapando huecos en la puerta e entrada. Una familia con escasos recursos.

Hay que recordar que tras ser interrogados, los familiares quedaron en libertad. Tampoco el Concello de Cangas tenía constancia de lo que supuestamente estaba ocurriendo en el interior de la vivienda o algún indicio de que pudiera afectar a una persona hasta el punto de conducirla a la muerte. El gobierno desconocía en ese momento si Servicios Sociales había acudido en algún momento a la casa para prestar ayuda. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, también reclamaba prudencia.

Es más habitual de lo que piensa la gente de que muertes que se producen en los domicilios se transformen ahora en muertes judiciales, por el hecho de que los técnicos que acuden en ambulancia se niega a firmar las causa de la muerte. En estos casos es cuando tiene que intervenir el forense de turno.

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