El Oral acepta liberar solo a algunos vecinos de Meira del cobro por las entradas de coches

La polémica abierta en febrero por el envío de cartas de la oficina de recaudación ORAL a vecinos de la parroquia de Meira sigue sin resolverse. En esas comunicaciones se reclamaba el pago de las tasas correspondientes a los últimos cuatro años por los accesos de vehículos a través de las aceras en la EP-1102 y la PO-551. Tras presentar los recursos pertinentes, en los que alegaban que buena parte de las aceras de Meira fueron pagadas en su día por los propios vecinos mediante contribuciones especiales, los afectados recibieron nuevas cartas con respuestas dispares. Algunas estimaban las reclamaciones y, por tanto, liberaban a los residentes del pago. Otras, en cambio, fueron denegadas. Cabe recordar que las cantidades exigidas rondaban los 130 euros en total por los ejercicios de 2023, 2024, 2025 y 2026.

Ante esta situación, representantes de la Asociación de Veciños NovaMeira acudieron al Concello para trasladar lo ocurrido y estudiar cómo proceder ante este nuevo intento de cobro. Desde el colectivo consideran «injusta» la respuesta a las alegaciones, especialmente porque las resoluciones son distintas para viviendas situadas prácticamente juntas en la carretera general PO-551, cerca del cruce de subida a Meira de Arriba.

Cuando estallaron las quejas, en febrero, la Diputación de Pontevedra, organismo del que depende el ORAL, aseguró que había sido la Tesorería del Concello la que remitió en 2024 un listado de usuarios para que se iniciase la inspección. Según la institución provincial, el Concello volvió a contactar en 2025 para preguntar si se había avanzado en el expediente. Desde la Diputación señalaron entonces que no tenían constancia de ningún acuerdo plenario, ni de otra índole, que eximiese a los vecinos de este pago, más aún teniendo en cuenta que, según indicaron, es el propio Concello el que reclama la tasa.

NovaMeira ya había explicado en su momento que, en el caso de la EP-1102, los vecinos cedieron gratuitamente terrenos para la ampliación de la vía y la construcción de aceras, con el compromiso de que no se les cobrarían los accesos. En la PO-551, de titularidad autonómica, el colectivo sostiene que hubo vecinos que también asumieron cesiones de terreno e incluso financiaron las obras mediante contribuciones especiales.

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