El Concello deberá pagar 270.000 euros a la UTE Gestión Cangas, 100.000 menos de lo que reclamaba la concesionaria del agua como compensación por las tarifas de 2021 y 2022

El Concello de Cangas acaba de ganar una pequeña batalla dentro de su historial de fricciones con la concesionaria del ciclo del agua. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha condenado al consistorio a abonar un total de 267.890 euros a la UTE Gestión Cangas como compensación por las tarifas de los ejercicios 2021 y 2022, una cantidad que, sin embargo, es inferior en más de 100.000 euros a la cifra inicialmente solicitada por la empresa, que se situaba en los 370.802 euros. La reclamación se amparaba en la modificación del contrato entre ambas partes, que, según la demandante, provoca una notoria reducción en sus ingresos.

El gobierno local había encargado en su momento un informe a un perito para justificar la desestimación del recurso de la UTE o, como mal menor, conseguir la rebaja de la indemnización a la cuantía finalmente acordada por el fallo judicial. El experto defendió que a aquellos usuarios que solamente tenían contratado el saneamiento y carecían de consumo de agua, no se les podía imputar el mínimo estimado de 18 metros cúbicos cada dos meses, tesis que fue aceptada, ya que en caso contrario habría «un enriquecimiento injusto, obteniendo una ganancia por un servicio no prestado».

La sentencia, no obstante, también es crítica con la actuación del Concello de Cangas, al que le acusa de «dejación de funciones» al no haberle dado trámite en vía administrativa a las reclamaciones de la UTE Gestión Cangas. Señala el documento en este sentido que «no puede pretender que como regla general esta jurisdicción contencioso-administrativa se convierta en Administración local» e insta al consistorio a «tomar las decisiones que corresponda en vía administrativa, sin perjuicio de que a posteriori puedan ser supervisadas judicialmente». Y acaba subrayando que este modo de proceder «a la larga, podría poner de manifiesto la comisión de un delito de prevaricación».

La sentencia se enmarca dentro de la batalla judicial que Concello y UTE mantienen desde poco después de la firma del contrato, en octubre de 2014. La respuesta social por la nueva ordenanza del agua hizo que el gobierno local paralizase la aprobación de los padrones y modificase las tarifas a la baja en 2016. Desde entonces, la concesionaria ha acudido regularmente cada dos años a los tribunales para reclamar las cantidades que compensen esas diferencias tarifarias. En los ejercicios 2015-2016 Cangas tuvo que abonar 708.509 euros más intereses, en 2017-2018 la cantidad fue de 266.606 más intereses y en los años 2019-2020 la cantidad fue de 253.854 euros.

Defiende el concello en su argumentario que la ordenanza de 2020 -que es la que afecta a los ejercicios 2021 y 2022- fue declarada válida por el TSXG y es «compatible y acorde con lo establecido en los pliegos sobre el precio del contrato». En esa sentencia anterior solo se dejó abierta la opción de una indemnización por reequilibrio económico-financiero del contrato. Y asegura que el reajuste de tarifas acometido en 2016 se hizo, ya que las establecidas en el contrato conllevaban un incremento «desmesurado» del precio, «muy por encima del coste real del servicio».

La sentencia también apunta que si Cangas mantiene las tarifas a un nivel inferior al del precio del contrato estará abocada a compensar a la UTE cada año o bien a modificar el contrato.

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