La Fiscalía retira los cargos a dos de los cinco acusados en la presunta trama de legalización de barcos en Bueu

Dos de los cinco acusados de la presunta trama para legalizar embarcaciones con documentación falsa en Bueu han sido absueltos tras la celebración de la segunda jornada del juicio, esta mañana en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Fiscalía acordó retirar todos los cargos contra estas dos personas, un hermano y una hermana del principal investigado, que era el máximo responsable de la empresa Astixano y que ya había alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes de su fallecimiento el pasado mes de abril.

La sesión de hoy comenzó con el interrogatorio al último de los testigos para dar paso a los informes. Cuando fue el turno de estas dos personas, acusadas de haber llevado la documentación de los barcos a la Capitanía Marítima para conseguir los permisos necesarios, la Fiscalía optó por retirar la acusación sobre ellos. En la primera jornada del juicio habían reconocido haber trasladado esos papeles, pero negaron tener conocimiento de su contenido o que pudiesen ser constitutivos de un delito de falsificación. El Ministerio Público sí mantiene los cargos sobre los otros tres implicados, un marinero de A Guarda, un hombre que se dedicaba a la compraventa de embarcaciones y un mecánico naval de Arousa.

Según el escrito inicial de la Fiscalía hasta 17 personas estaban investigadas dentro de una trama que, desde su sede en Bueu, se dedicaba a emitir declaraciones de conformidad de barcos que simulaba construir a cambio de dinero. También se expedía documentación a titulares de barcos de Tercera Lista para que contasen con una matrícula a mayores de Tercera Lista, y se vendían documentos a titulares de barcos que carecían de los permisos que los habilitasen para la navegación. En todos los casos el administrador emitía una factura por una venta inexistente por un barco que simulaba haber construido, así como una declaración de conformidad con la normativa europea. Todo ello se llevaba a Capitanía para obtener la inscripción y la matrícula. Los hechos sucedieron entre 2013 y 2021, y las penas solicitadas se situaban entre los seis y los dos años.

De los 17 acusados únicamente cinco han llegado a juicio, bien porque se retiró los cargos contra ellos, bien por haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Ahora ya solo son tres los que siguen en juicio. Para el mecánico naval se solicita una pena de tres años de prisión y una multa de 4.500 euros, mientras que para el marinero y la persona que compraba y vendía barcos son dos años y 2.250 euros.

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