La prórroga de Aqualia cumple un año y Bueu perfila cambios en la RPT para poder licitar un nuevo modelo de contrato

La prórroga en la concesión municipal del abasteciemiento, saneamiento y depuración en Bueu está a punto de cumplir un año. El contrato con la empresa FCC Aqualia llegó a su fin en junio de 2025 y se acordó prorrogarlo mientras el gobierno local se preparaba para un nuevo escenario. Esa decisión se mantiene y pasaría por la licitación de un contrato de servicios, similar al que se acaba de formalizar para la gestión de la piscina.

El primer paso hacia este objetivo es dotarse de los medios humanos necesarios, que en este paso incluyen la contratación de dos ingenieros que pasarían a formar parte de la plantilla municipal. Esto requiere una modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que se fija en el horizonte temporal del segundo semestre de este año 2026.

La RPT ya fue modificada dos veces desde su aprobación, la última hace poco más de un mes. La intención del gobierno local es crear dos nuevos puestos en el organigrama municipal. Una de las plazas tendrá la categoría A1 y será para un ingeniero de canales y puertos, con la nueva estructura que pretende el gobierno local sería el máximo responsable del ciclo del agua en Bueu. La segunda de las plazas sería para un ingeniero industrial con categoría A2, que se encargaría del componente más técnico, con los sistemas de control y digitalización.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, se muestra firme en esta hoja de ruta, que vuelve a reiterar después del problema registrado hace unos días con un episodio de turbidez en el agua de la red de abastecimiento después de unas tareas de limpieza en el depósito de Castrillón. «A nosa intención é proceder a modificar a RPT antes de acabar este ano e logo poder licitar un contrato de servizos. Con este modelo sería o Concello quen teña o control do sistema municipal do ciclo do auga», insiste.

El Concello de Bueu ya encargó a la empresa Lagares Ingeniería la elaboración y redacción de los pliegos técnicos para esa licitación, que incluirá un contrato con una duración de entre dos y cinco años. También se debe establecer la cuantía económica que deberá abonar el ayuntamiento a esa contratista que se encargará del día a día en la gestión y mantenimiento de la red.

Una de las diferencias fundamentales de la fórmula del contrato de servicios frente al de la concesión, además de la duración, es que será la propia administración municipal quien fije las tarifas y quien se encargará de su cobro. Precisamente el importe de la tasa ha sido uno de los principales puntos de fricción entre la actual concesionaria y el gobierno local en los últimos años. El Concello se negó a los incrementos solicitados por la empresa, alegando que no estaban debidamente justificados. Estas diferencias han provocado dos procesos judiciales: en el primero los tribunales dieron la razón al ayuntamiento y el segundo aún está pendiente de sentencia.

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