El PP de Moaña pide aceptar el solar de la Sareb para vivienda y un auditorio «en condiciones»

El PP de Moaña, principal partido de la oposición, entró este miércoles en el debate sobre la oferta de los terrenos de As Raíñas que la Sareb plantea ceder al Concello. A diferencia del gobierno local, del BNG, que propondrá al pleno solicitar a la Sareb la cesión directa de las parcelas a la Xunta —concretamente al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), organismo competente en materia de vivienda protegida—, los populares reclaman aprovechar la oferta desde el ámbito municipal. El PP defiende que el Concello se haga con las «amplias parcelas» de la Sareb, proceda a su urbanización y las ceda posteriormente a la Xunta para la construcción de viviendas protegidas, reservando una parte significativa del espacio «para la construcción del auditorio en las condiciones que merecen los vecinos».

Los populares se muestran, desde el inicio del proyecto, totalmente en contra de la construcción en Sisalde de un edificio que combine un auditorio «de menos de 400 plazas» con diez viviendas de alquiler social en sus plantas superiores. En este sentido, piden aprovechar la oferta de la Sareb para reformular el proyecto de la infraestructura cultural, que se financiará con un crédito de casi 7,4 millones de euros.

Ante esta demanda la alcaldesa, Leticia Santos, alega que el terreno en el que se proyectaba inicialmente el auditorio en ese mismo ámbito «ya es de propiedad municipal» y que levantar la dotación finalmente en Sisalde «deja posibilidades para destinar la parcela de equipamiento a lo que se pueda necesitar, como un multiusos para eventos deportivos, sociales y culturales.

El portavoz del PP moañés, Alfonso Piñeiro, reclama modificar el proyecto «antes de que sea demasiado tarde» y alerta de que ejecutar el auditorio previsto sería «una atrocidad que no responde a las demandas del tejido cultural». «Moaña tendría que aguantar durante muchos años esa instalación, porque no tendría sentido hacer otra nueva tras el crédito. El Bloque está a tiempo de corregir un error histórico», sostiene.

Para el PP, sacar adelante un auditorio de menos de 400 butacas respondería a una «obcecación de la alcaldesa, Leticia Santos». Los populares argumentan que existen concellos de unos 5.000 habitantes en Galicia que cuentan con auditorios de 500 plazas de aforo. «No se cumplen las expectativas del tejido cultural. Cuando el BNG estaba en la oposición exigía de forma innegociable un aforo mínimo de medio millar de butacas», señalan.

El debate llega después de que el pasado viernes se inaugurase el nuevo auditorio de Marín, con una importante aportación económica de la Xunta. Esa circunstancia generó malestar en el gobierno local moañés, que lamenta no contar con el respaldo de la Consellería de Cultura y tener que recurrir a un crédito para financiar la dotación cultural de Moaña.

El PP local asegura «entender» que la Xunta no colabore económicamente con la actuación propuesta por el ejecutivo nacionalista, al considerar que «incumple la normativa que recoge expresamente la incompatibilidad de usos residenciales y socioculturales en un mismo inmueble». A este respecto, Piñeiro afirma que «si el Concello de Moaña se quiere estrellar con este proyecto es cosa suya; para que la Xunta invierta en iniciativas tienen que estar bien presentadas y cumplir con la legislación, así que las quejas no se sostienen».

Los populares concluyen que «Moaña tiene casi 20.000 habitantes y debe pensar en grande y dotarse de una instalación que dé cobertura a este nivel de población, no de una que quede pequeña desde el primer día». Además del aforo, consideran que un escenario de 120 metros cuadrados también sería insuficiente para las necesidades culturales del municipio.

Sumar insiste en la «oportunidad histórica perdida»

Sobre los terrenos de la Sareb se vuelve a pronunciar el Movemento Sumar Galicia, que rechaza la negativa a la cesión gratuita. «Resulta incomprensible, especialmente después de que el propio IGVS comunicase que debe ser la administración municipal la que acepte los terrenos para después cederlos a la Xunta. Considera que el Concello está dejando escapar «una oportunidad histórica» para desarrollar proyectos estratégicos y alega que la Lei de Vivenda de Galicia reconoce la potestad de los concellos para promover planes de vivienda de protección.

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