El presunto responsable de la trama para legalizar barcos desde Bueu murió hace menos de un mes y de los 17 investigados solo cuatro siguen como acusados

El juicio a una presunta trama que se dedicaba a legalizar embarcaciones mediante documentación falsa comenzará el lunes en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. Y lo hará con novedades importantes con respecto a la fase de instrucción. La principal es que la persona que figuraba como «autor directo» de un delito continuado de falsedad en documento oficial murió hace menos de un mes y antes de su fallecimiento había alcanzado un acuerdo de conformidad con el ministerio fiscal. La segunda de las novedades es que el número de acusados se reduce de manera considerable, pasando de 17 personas a solo cuatro y para las que se piden entre dos y tres años de prisión.

Los hechos que se enjuician en la Audiencia de Pontevedra están relacionados con una presunta trama que elaboraba documentación falsa para dar de alta embarcaciones. El principal acusado era el que fuera responsable del astillero Astixano, que estaba situado en el polígono industrial de Castiñeiras y que cesó su actividad hace años. La fiscalía solicitaba para él una pena de seis años de prisión y una multa de 3.600 euros, a razón de 20 euros diarios durante seis meses. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó a FARO que este hombre alcanzó un acuerdo de conformidad con la fiscalía antes de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de este mismo año.

El TSXG señala que no fue el único de los investigados que llegó a un pacto con el ministerio fiscal. Hasta 12 personas del resto de acusados llegaron a un acuerdo de conformidad o bien se retiró la acusación contra ellos. Así, del listado inicial solo quedan cuatro investigados que deberán comparecer a partir del próximo lunes en sede judicial.

El ministerio fiscal sostiene que la presunta trama tenía dos formas de actuar. La primera era elaborar a cambio de un precio determinado documentación para propietarios de barcos de pesca –tercera lista– que pretendían tener una matrícula para otra embarcación de recreo o de la séptima lista. En este caso los implicados eran «plenamente conscientes de que se trataba de un procedimiento ilegal y que una misma embarcación no puede tener simultáneamente dos matrículas diferentes», tal como se recoge en el escrito de acusación.

Facturas con una venta inexistente

La segunda de las formas de operar consistía en que profesionales del sector de la náutica o que se dedicaban de forma habitual a la compraventa de barcos solicitaban y obtenían registro para lanchas que carecían de documentación, que luego entregaban a sus clientes aún siendo conscientes de la ilegalidad. En este caso, desde el astillero de Bueu se emitían facturas en las que se reflejaba una venta inexistente al cliente, en la que se simulaba que el barco se había fabricado en Astixano. Luego se presentaba una solicitud de inscripción en la Capitanía Marítima de Vilagarcía, acompañada de la factura, declaración de conformidad y un manual con sus características técnicas.

En este caso desde la fiscalía se señalan a una serie de personas que actuaban como cooperadoras necesarias o cómplices en un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial. La relación inicial de 16 acusados finalmente ha quedado reducida a solo cuatro puesto que la mayoría llegaron a un acuerdo de conformidad o se retiraron los cargos.

Durante la fase de instrucción se detectó una tercera manera de actuar, en la que propietarios de embarcaciones que carecían de documentación encargaban a Astixano los trámites para poder registrarlas. Se llegaron a contabilizar más de 60 casos con personas de todos los puntos de España, pero en este supuesto no se acreditó que fuesen conocedoras de que el procedimiento usado era ilegal y por lo tanto quedaron exoneradas.

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