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Juicio

El principal acusado en la trama para legalizar barcos desde Bueu falleció hace menos de un mes

El que fuera gerente del astillero Astixano, para el que se pedían 6 años de prisión y 3.600 euros de multa, falleció el 21 de abril

Una vista del polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu, donde estaba ubicado el astillero Astixano.

Una vista del polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu, donde estaba ubicado el astillero Astixano. / Gonzalo Núñez 

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Bueu

El juicio en la Audiencia de Pontevedra a una presunta trama que desde un astillero de Bueu vendía documentación falsa para legalizar barcos comienza sin el principal acusado, para quien la fiscalía solicitaba hasta seis años de prisión. Este hombre falleció hace apenas un mes, tal como han explicado a FARO fuentes familiares, y desde el ministerio fiscal eran conscientes de su estado de salud puesto que sus representantes legales negociaban un posible acuerdo de conformidad.

Los hechos que se investigan abarcan, al menos, el periodo comprendido entre 2013 y 2021, cuando desde el astillero Astixano, que ya no está operativo y del que el principal acusado era responsable, se emitían declaraciones de conformidad sobre lanchas que simulaba construir. Durante la fase de instrucción se investigó a más de medio centenar de personas de puntos de toda la geografía española que habían tramitado la documentación para sus embarcaciones en esta industria y que finalmente resultaron exoneradas puesto que no se pudo acreditar que conociesen la ilegalidad del procedimiento que se seguía.

Con el fallecimiento del principal acusado, para quien se solicitaba una pena de prisión de 6 años y una multa de 3.600 euros (una cuota de 20 euros diarios durante 6 meses) por un delito continuado de falsedad en documento oficial, quedarían en principio otros 16 acusados, entre cooperadores necesarios y cómplices en ese presunto delito de estafa continuada. Entre esos investigados figuran dos hermanos del hombre ya fallecido.

Entre las personas investigadas hay varios profesionales del sector de la náutica y de asesorías que, según el escrito del ministerio fiscal, se dedicaban a la compra habitual de embarcaciones, que pidieron y obtuvieron la inscripción y matriculación de lanchas que no tenían documentos. Después las entregaban a sus clientes pese a ser conocedores de la ilegalidad. El responsable del astillero de Bueu, que se encontraba en el polígono industrial de Castiñeiras, realizaba facturas en las que reflejaba una venta inexistente al cliente para el que simulaba haber construido esa embarcación. A continuación presentaba la solicitud de inscripción ante la Capitanía Marítima de Vilagarcía, acompañada de una factura, la declaración de conformidad y un manual del barco con sus características técnicas.

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