Crisis habitacional
La Xunta asegura que solo precisa de la conformidad del Concello de Cangas para las 300 viviendas protegidas y niega haber pedido un pleno extraordinario
La Consellería de Vivenda aclara que únicamente requiere la conformidad del gobierno local para aprobar el Proyecto de Interés Autonómico en el entorno del río Saíñas | Justifica la urgencia por la larga tramitación y fija en 2028 el inicio de las obras de urbanización

Terrenos situados dentro del ámbito de actuación del Proyecto de Interés Autonómico de A Rúa para construir vivienda protegida. / Santos Álvarez
La Xunta de Galicia ha negado haber solicitado al Concello de Cangas la convocatoria de un pleno extraordinario para dar vía libre al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de A Rúa, junto al río Saíñas, que permitiría la construcción de 300 viviendas de protección oficial. La Consellería de Vivenda asegura que el único requisito que se le ha reclamado al ejecutivo de Araceli Gestido es su conformidad con la iniciativa, un trámite que se llevaría a cabo mediante la fórmula que determine la Secretaría Municipal, y que podría ser únicamente un decreto de Alcaldía o incluso un acuerdo de la junta de gobierno local. Sí admite haber pedido cierta celeridad en el proceso, con el objetivo de sentar cuanto antes las bases de un proyecto cuyo horizonte se sitúa a largo plazo.
El departamento autonómico sale de este modo al paso de las últimas manifestaciones realizadas desde Cangas, en donde se apuntó inicialmente a la posibilidad de realizar la convocatoria de un pleno extraordinario para acabar rechazándola y dejando su pronunciamiento sobre el PIA para la sesión ordinaria de finales de este mes. El gobierno local ha expresado su extrañeza por tener que alcanzar un acuerdo plenario sobre un actividad que, argumenta, depende directamente de la Xunta, y dice que la administración autonómica no ha justificado la urgencia de esta medida.
Desde Vivenda, y concretamente desde el Instituto Galego da Vivenda e Solo, no comprenden estas declaraciones y explican que su postura ha sido la misma desde la presentación de la iniciativa, y no es otra que pedir la conformidad del concello cangués. De hecho, apuntan que fue la propia regidora canguesa la que comunicó al IGVS que había un pleno a final de mes. Y mostró su disposición a convocar uno extraordinario antes de esa fecha en caso de que fuese necesario.

Plano del ámbito afectado por el Proyecto de Interés Autonómico en la zona de A Rúa, en Cangas. / FDV
«A nosotros nos da igual la fórmula que elijan. Nos vale que el concello exprese su conformidad, sea a través del pleno o de un decreto de la Alcaldía. Solo necesitamos el visto bueno de Cangas para llevar el Proyecto de Interés Autonómico a su aprobación inicial», señalan en el departamento autonómico. No es, apuntan, un modus operandi diferente al que ya se ha llevado a cabo en otros municipios donde hay proyectos similares de vivienda protegida. «En todos los lugares donde desarrollamos suelo protegido lo hacemos con el visto bueno de los concellos, como no podía ser de otro modo», explican, antes de añadir que «en ningún sitio nos han puesto problemas».
Crisis habitacional
En cuanto a la necesidad de darle un carácter urgente, razonan que «tratándose de vivienda protegida y estando en una crisis habitacional la urgencia está más que justificada». Más allá de consideraciones morales, existen también argumentos de tipo práctico que hay que buscar en la complejidad de una tramitación que se prevé larga. «Hay mucho que hacer y cuando antes lo hagamos, trátese de Cangas o de cualquier otro concello, mucho mejor», afirman. La idea es poner en marcha el proceso con vistas a que se puedan comenzar las obras de urbanización en el año 2028.
El lugar escogido por la consellería para desarrollar su proyecto de vivienda protegida en Cangas se sitúa en la margen izquierda de la avenida de Cornilló, que une la rotonda del Gordo con la de A Rúa. Se trata de un espacio de alrededor 75.000 metros cuadrados de superficie en el entorno del Río Saíñas y próximo a la avenida de Ourense. En los últimos días y en paralelo a las negociaciones de los grupos políticos para fijar un pleno extraordinario, varios propietarios de solares en esa área mostraron su malestar por no disponer de información directa por parte de la Xunta y anunciaron su intención de no vender sus terrenos.
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