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Juicio

La trama para legalizar barcos desde Bueu llegaba a toda España: Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura e incluso Canarias

Entre los afectados hay también vecinos de O Morrazo y del resto de Galicia

La inmensa mayoría quedaron exonerados tras la fase de instrucción al acreditarse que desconocían la ilegalidad del proceso

Una vista del polígono de Castiñeiras, en Bueu, donde estuvo asentado durante años el astillero Astixano.

Una vista del polígono de Castiñeiras, en Bueu, donde estuvo asentado durante años el astillero Astixano. / Gonzalo Núñez 

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Bueu

El escrito del ministerio fiscal en el juicio que se sigue en la Audiencia de Pontevedra contra una presunta trama que legalizaba embarcaciones de pesca y de la séptima lista desde Bueu es todo un recorrido por la geografía española. El Ejido (Almería), Arenys de Munt y Santa Susana (Barcelona), Berrocalejo (Cáceres); Tarifa, San Roque y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Mairena de Aljarife, Palomares del Río y San José de la Rinconada (Sevilla); Isla Cristina, Ayamonte, Punta Umbría y Lepe (Huelva); Mazarrón (Murcia), Oiartzún (Guipúzcoa) o incluso Tenerife. Y por supuesto los municipios de O Morrazo y otros de Galicia, como Vigo, Sanxenxo, Gondomar, Oia, Salvaterra, Illa de Arousa, Portas, Fene, Outes o Ferrol.

La mayoría de las personas de estos lugares que solicitaban la documentación para registrar y matricular las embarcaciones quedaron fuera de la causa al concluir la fase de instrucción. El juzgado entendió que quedó acreditado que desconocían la ilegalidad del proceso que presuntamente se seguía desde un astillero de Bueu y varias asesorías de fuera de la comarca de O Morrazo. «Había personas que figuraban como investigadas solo por contestar afirmativamente a un mensaje de whatsapp en el que le preguntaban si conocía a alguien que se encargase de las gestiones para registrar un barco, como si eso fuese un delito», explica un abogado de O Morrazo, que representó a numerosos afectados durante la fase de instrucción y que consiguió que quedasen exonerados.

Al final se sientan en el banquillo un total de 17 personas: el administrador del astillero Astixano como presunto autor directo de un delito continuado de falsedad en documento oficial, para quien se piden seis años de prisión, y el resto son juzgados como presuntos cooperadores necesarios o bien como cómplices. En este último grupo se incluye a dos hermanos del responsable de Astixano, que se enfrentan a tres años de cárcel.

La sede industrial del astillero bajo sospecha estaba en el polígono de Castiñeiras, en Bueu. Las fuentes consultadas explican que la empresa cerró hace ya varios años y sus instalaciones cambiaron de propietario. Actualmente están alquiladas para otros usos y no tienen nada que ver con lo que fue Astixano.

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