Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña

La población de Moaña permanece especialmente sensibilizada desde hace meses con el problema de la okupación ilegal de viviendas, tras los sucesos registrados, entre otros, en un inmueble de la calle Méndez Núñez. En este contexto, Manuel Riobó, propietario de una vivienda en O Con, ha denunciado en el Juzgado de Cangas la presunta okupación de su inmueble, así como del garaje anexo, utilizado como local comercial para un servicio de lavado de coches. Riobó asegura estar viviendo un «calvario» al no poder recuperar su propiedad, que, según sostiene, está siendo utilizada por el exnovio de su hija, pese a que ambos rompieron su relación sentimental el 23 de julio de 2024.

La demanda judicial de desahucio por precario fue presentada el 2 de abril de 2025. «Ya le llegó el aviso de juicio, pero renunció a su abogado y solicitó uno de oficio para ganar dos meses más», afirma el denunciante, que señala que la vista no está fijada hasta el mes de octubre.

Riobó explica, además, que en septiembre de 2025 solicitó al Concello de Moaña el cierre del negocio, al asegurar que «carece de licencias de apertura y de actividad». Sin embargo, sostiene que la Administración local no ha intervenido. «Entiendo que puede deberse a que el caso está judicializado, pero se trata de una competencia del Concello», defiende.

En estos momentos, el presunto ocupante ilegal del inmueble se enfrenta, según el denunciante, a tres procedimientos: uno de desahucio, otro por amenazas y daños —derivado de una discusión al intentar convencerlo de que abandonase la propiedad— y un tercero por violencia de género, que ya llegó al Juzgado número 2 de Cangas. «La jueza aprecia indicios, pero deniega la solicitud de alejamiento de mi hija al no apreciar peligrosidad», lamenta Riobó.

El ahora denunciado y su expareja se instalaron en la vivienda en el año 2021. En la demanda se recoge que el demandado «decidió quedarse en el inmueble sin tener ningún derecho ni contrato que lo ampare, y sin pagar ninguna contraprestación». Manuel Riobó afirma haberle pedido en numerosas ocasiones que desocupara la finca, concediéndole varios plazos voluntarios para hacerlo, «que fueron incumplidos sistemáticamente». Por este motivo, decidió acudir a la vía judicial.

El propietario alega también que el ocupante de la vivienda «no se encuentra en una situación de vulnerabilidad social ni económica». En este sentido, asegura que trabaja desde hace años y que le ha trasladado personalmente que cuenta con solvencia para comprar o alquilar otra vivienda y otro local. El demandante aportó ante la justicia la escritura de compraventa de la vivienda, un recibo del IBI y un certificado del Registro de la Propiedad que, según sostiene, acreditaría que la finca está inscrita a su nombre.

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