La Audiencia de Pontevedra juzga una presunta trama en Bueu para legalizar barcos con documentación falsa

La El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra juzga a 17 personas dentro de una presunta trama que se dedicaba a legalizar barcos con documentación falsa en Bueu. La Fiscalía pide para ellos penas que se sitúan en los seis años para el acusado principal y los entre dos y tres para el resto de implicados. El juicio tenía previsto comenzar ayer para continuar la próxima semana.

El escrito del Ministerio Público expone que el acusado principal, administrador de la sociedad mercantil Astixano SL –dedicada a la construcción de embarcaciones y con un astillero en Bueu– procedió a emitir declaraciones de conformidad de barcos que simulaba construir a cambio de dinero, unos hechos que se produjeron al menos entre 2013 y 2021. En unas ocasiones esta documentación se expedía a titulares de embarcaciones de Tercera Lista (pesca) que querían tener una matriculación a mayores de Séptima Lista (pesca deportiva, recreo). En otras, se vendía a personas que eran titulares de embarcaciones, pero que carecían de documentación que las habilitase para la navegación.

Según el fiscal, en todos los supuestos el administrador de esta empresa elaboraba una factura en la que se reflejaba una venta inexistente por un barco que simulaba haber construido en el astillero, así como una falsa declaración de conformidad de ese barco con la normativa europea. A continuación presentaba la solicitud de inscripción ante la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa con la factura, la declaración de conformidad y un manual con las características técnicas de la embarcación, y obtenía la inscripción y la matrícula correspondientes.

Apunta asimismo el escrito que las personas que recurrieron al acusado para tener una segunda matrícula en sus barcos eran plenamente conscientes de que se trataba de un procedimiento ilegal al estar prohibido que un barco tenga simultáneamente dos matrículas distintas. Hay tres casos contemplados por la Fiscalía. En cuanto a quienes recurrieron a la elaboración de documentación para embarcaciones que no disponían de ella, con hasta 61 casos recogidos de particulares, no se acredita que tuvieran conocimiento de la ilegalidad del proceso. Sí, en cambio, estaban al tanto, siempre según las consideraciones del Ministerio Público, los 11 implicados que eran profesionales del sector náutico o se dedicaban de forma habitual a la compraventa de embarcaciones. Además, hay otras dos personas, hermanos del acusado principal, que le prestaban auxilio en la tramitación de documentos ante Capitanía.

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