El PP considera que el macrocontrato de la basura incumple la ley para beneficiar a multinacionales

La guerra por el nuevo macrocontrato de la basura que este miércoles licitó la Mancomunidade do Morrazo por 43,7 millones de euros para la recogida y traslado de los residuos en los municipios de la comarca sigue a nivel político más centrada en Cangas. La portavoz del PP en este Concello, Dolores Hermelo, califica el macrocontrato de «fraude político» y «chapuza técnica», dice que al no ir separado por lotes se incumple la ley , los pliegos presentan debilidades jurídicas y pueden ser recurribles ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL). Reprocha la hipocresía del gobierno de izquierdas respecto a este servicio básico. Los populares aluden a que el contrato está valorado en casi 46 millones, pero esa cuantía es el valor estimado con modificaciones, es decir es el precio máximo que podría tener, a partir del cual habría que licitar un nuevo contrato, pero la licitación es por 43,7 millones.

Para el PP de Cangas, esta licitación por 10 años es la prueba de la «gran mentira del BNG y de sus socios de gobierno: lo que prometen municipalizar en la oposición, lo privatizan sin contemplaciones desde el gobierno». Recuerda la portavoz que tras mantener el servicio de forma irregular con un contrato caducado desde el año 2018, ahora pretenden cerrar un acuerdo por una década sin ni siquiera dar opción de prórroga: «Resulta irónico que un gobierno que agotó todas las prórrogas del anterior contrato por pura incapacidad de gestión, ahora elimine esa posibilidad en un nuevo pliego rígido de 46 millones».

Los populares de Cangas denuncian que el concurso está diseñado específicamente para crear un monopolio de las grandes multinacionales y expulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pemes) gallegas», por eso que el grupo mayoritario en la oposición considera que el pliego es un atentado contra la libre concurrencia, ya que vulnera el artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), que establece como regla general y obligatoria la división de los contratos en lotes precisamente para abrir mercado.

Voluminosos en el mismo paquete

En este sentido, Hermelo dice que el BNG se salta el espíritu de la ley. Al juntar casi 46 millones de euros en un solo paquete y limitar la subcontratación a un ridículo 1% «crean un funil por el que sólo pasan los grandes gigantes del sector». Alerta de que incluye la recogida de muebles y enseres (voluminosos) en el paquete de la multinacional cuando la Ley 7/2022 obliga a reservar un 50% de este servicio a entidades de interés social: «El BNG da la espalda a la economía social de la comarca». Sólo aparece fuera del contrato la recogida de textiles.

La portavoz critica que cuando no hay competencia real de las Pemes locales, las multinacionales no hacen bajadas temerarias ni ofertas agresivas y llevarán el contrato al precio de salida, con lo cual ese sobrecoste lo pagarán los vecinos «con su tasazo». Además del perjuicio económico, Dolores Hermelo advierte del «secuestro» del servicio al entregar una gestión tan compleja -que incluye recogida, puntos limpios y planta ambiental- a una sola empresa durante 10 años. Si la adjudicataria falla, incumple o va a la huelga «caería absolutamente todo el sistema de golpe, algo que podría evitarse diversificando el riesgo a través de la división de lotes».

Explica que este modelo contrasta con el del Concello vecino de Marín, donde se cumplió la ley dividiendo en lotes (uno para recogida y otro para colectores) para fomentar la concurrencia, además de que en este Concello ya tenían en marcha la nueva adjudicación un año antes de que rematase el contrato, cosa que no ocurre en O Morrazo en donde se actúa por «pánico» tras salir a la luz un «pufo» millonario tras llevar en la ilegalidad desde 2018. La prueba de este nerviosismo, insiste Hermelo, es que exigen a las empresas a proyectos complejísimos de 200 páginas en apenas 30 días, consumando lo que el PP califica como un «traje a medida».

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