La Mancomunidad de O Morrazo licita el macrocontrato de la basura por 43,7 millones durante 10 años

Ha comenzado la cuenta atrás para adjudicar el macrocontrato de la basura de la Mancomunidad de O Morrazo que gestiona la recogida y transporte en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, y que se financiará en su mayor parte con la nueva ordenanza fiscal que tanto conflicto vecinal generó por la importante subida que supone para el bolsillo de los vecinos y que entrará en vigor en enero de 2027. La entidad supramunicipal, cuya presidencia rotatoria por dos años asumió este 2026 la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ha publicado este jueves el anuncio de licitación para contratar esta gestión integral de los residuos con un presupuesto base de 43,7 millones de euros durante un período de diez años, aunque con la posibilidad, siempre defendida por los gobiernos del BNG, de poder rescatar el servicio como municipal a partir del quinto año. Aunque todo apunta que esta posibilidad que contempla el pliego, parece más una cuestión de principios del gobierno mancomunal que lidera el BNG, que vaya a llevarse a la práctica puesto que la Mancomunidad tendría que compensar económicamente a la empresa contratista que, para hacerse con el servicio tiene que invertir un total de 9,8 millones de euros. De este total 8,5 son para medios y 1,2 para mejoras en la planta de transferencia de A Portela, ubicada en el polígono de Castiñeiras en Bueu.

Hay grandes esperanzas de que el contrato genere interés entre las empresas, que tienen hasta el 10 de junio para presentar sus ofertas, aunque no se adjudicará hasta antes del 1 de octubre, precisamente porque hace falta la financiación de la ordenanza fiscal que, por otra parte ha sido recurrida ante el Contencioso por hostelería y comerciantes, con la anunciada adhesión, a título individual, de los ediles del PP, siempre muy contrarios, como el partido de Alternativa dos Veciños (AV) en Cangas, a esta subida de la tasa. La Mancomunidad también vive momentos convulsos por la polémica que generó, este pasado mes de marzo, la aprobación inicial, sin previa comunicación a las asociaciones, de la ordenanza de uso del servicio, que implica sanciones importantes por incumplimientos.

Los pliegos de licitación suman cientos de páginas, entre los que figuran una memoria justificativa del contrato, informe económico, cláusulas administrativas, cláusulas técnicas y más anexos como el informe de reformas de la planta de A Portela.

La memoria justificativa contempla como compensaciones por el rescate, en el caso de que la Mancomunidad lo acuerde, un total de 6,3 millones en el quinto año de la concesión; 5,8 si ocurre en el sexto; 4,3 millones en el año séptimo; 3,3 a los ocho años; 2,2 a los nueve y 1,1 en el último año. Justifica la necesidad de acudir a un contratista porque el volumen de trabajo que estos servicios demandan sobrepasa la disponibilidad de personal de la Mancomunidad y no se considera oportuno su ampliación para el desempeño de las tareas, "ya que se producirá una descompensación en la estructura del personal municipal al requerir además de la incorporación de nuevos operarios, otros perfiles técnicos especializados en la gestión técnica y económica de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas". Además, los horarios y características de las prestaciones no podrían ser asumidas por personal municipal en régimen común, resultando más congruente contar con una organización especializada, ajena a la Mancomunidad, ya preparada y habituada a la prestación de este tipo de servicios, a lo que añade que la Mancomunidad no dispone de los medios necesarios (maquinaria, vehículos, herramientas, productos de limpieza o materiales de reposición) al tratarse de trabajos específicos y concretos de alta especialización.

Queda fuera la recogida de textil

El contrato se elabora con la meta de conseguir la obligación de la Comisión Europea de llegar en 2030 al 60% de los residuos municipales preparados para reciclaje y al 65% en 2035. Por eso que la presidenta de la Mancomunidad defiende este contrato que supone una recogida más sostenible, eficiente y adaptada a la economía circular. Añade que supone un salto cualitativo en el modelo de gestión de los residuos en O Morrazo "incorporando melloras técnicas, organizativas, ambientais e de atención a veciñanza para avanzar na separaciójn en orixe, en máis reciclaxe e unha reducción efectiva dos residuos que rematan en vertedeiro". El contrato abarca la recogida de la fracción orgánica (FORM), la selectiva de envases, papel-cartón y vidrio; recogida puerta a puerta de muebles, enseres y RAEE; de aceites domésticos, pilas y podas; recogida también en mercados, ferias y fiestas; la gestión de los puntos limpios fijos y móviles; el lavado y mantenimiento de contenedores, la recogida de voluminosos y la gestión de la planta o complejo ambiental de A Portela. Queda fuera la recogida de textil, ya que tal y como señala Leticia Santos la Ley de Residuos obliga a que lo hagan entidades de interés social, por lo tanto, no se pudo incluir en la licitación.

De igual formas se ha descartado la prestación de los servicios por lotes, ya que supondría un encarecimiento del 36,54% y se apostó por un único lote para optimizar los costes de explotación, incluyendo también la recogida de voluminosos. En dos lotes estima que supondría un incremento anual de 191.498 euros.

El contrato parte con un presupuesto base de licitación de 43, 7 millones (con IVA) en 10 años, es decir 4,3 por año que dividido por los 12 meses del año será lo que la Mancomunidad pague al contratista cada mes, a la espera también de la oferta que presente la empresa que gane el contrato, que siempre lo hacen a la baja. También consta en la licitación un valor estimado de 45, 6 millones (sin IVA) que se la cantidad máxima permitida, para modificaciones o prórrogas, a partir de la cual de exceder ese tope habría que licitar un nuevo contrato. La empresa concesionaria se verá obligada a desembolsar 9,8 millones de inversiones en maquinaria y en la planta de A Portela, que el estudio económico fija que podrá recuperar en 9 años y 8 meses. En cuanto al personal, está obligada a la subrogación de toda la plantilla.

Suscríbete para seguir leyendo