Urbaser reclama 1,6 millones de euros por los costes reales de la basura tras el retraso en auditar sus facturas por la redacción de las ordenanzas y el nuevo contrato

La memoria de la Cuenta General de la Mancomunidade de O Morrazo, que gestiona la recogida de la basura en Cangas, Moaña y Bueu, desvela que la empresa que se encarga del servicio, Urbaser, tiene presentadas facturas en las que reclama a la entidad supramunicipal el pago de 1,6 millones de euros en concepto de «costes reales» correspondientes al ejercicio de 2025.

Los tres grupos municipales del PP de Cangas, Moaña y Bueu desvelaron esta situación y la elevan a dos millones, al sumar la cantidad de 433.037 euros que ya ingresó la empresa por la venta de subproductos derivados del reciclaje de plásticos, envases o cartón. Desde el gobierno supramunicipal explican que el dinero de estos subproductos se descuentan de la deuda total porque ya los ingresó la concesionaria. El PP califica la situación de «escándalo» y «pufo». Asegura que se trata de un agujero negro financiero fruto de la pésima gestión del BNG y de sus socios de gobierno en la mancomunidad.

«Estamos a falar de case dous millóns de euros de pufo que o goberno intentou ocultar e que lastran calquera viabilidade do servizo. É a constatación documental de que a Mancomunidade está nunha situación de quebra técnica e inestabilidade financeira por culpa dunha xestión neglixente», denuncian los tres portavoces populares de Cangas, Moaña y Bueu, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez, respectivamente. Consideran, desde el PP, que los 433.037 euros suponen también una reclamación a la Mancomunidade, siotuación que desmiente la presidenta de turno del organismo supramunicipal y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que indica que esa cantidad es precisamente lo que se descontará de la deuda de 1,6 millones.

El PP, en la oposición en los tres concellos, alertan de que a la gravedad de la situación económica se suma la "parálisis administrativa confesada nos propios informes da entidade". La documentación admite que el contrato con Urbaser se inició en 2010 con un plazo de 8 años y que su período natural caducó en 2018. Los populares aseguran que llevan 8 años arrastrando el servicio a base de prórrogas y parches hasta agotar todas las vías legales en el pasado mes de octubre, condenando al servicio a una continuidad forzosa por no tener los pliegos hechos. En la memoria justificativa del coste y rendimiento, avalada por Intervención, el propio gobierno califica como "no alcanzado" el objetivo estratégico de licitar un nuevo contrato por 10 años. la Intervención advierte que la Mancomunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, obligando a la elaboración de un Plan Económico-Financiero (PEF) y constata además el incumplimiento de plazos legales para rendir cuentas a los organismos de control.

El PP culpa a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que ejerció la presidencia de la Mancomunidade estos dos últimos años, pero también con la complicidad de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, actual presidenta por dos años; y del regidor de Bueu, Félix Juncal.

Por su parte Santos explica que los casi 1,6 millones de euros de deuda se deben a que la Mancomunidade paga mensualmente 136.445,57 euros a Urbaser por la recogida de la basura y otros 2.475 euros por atender las plazas de abastos, que es lo que se recoje en el contrato original. Pero a mayores se le compensa abonando cada trimestre los costes reales del servicio descontando lo ya pagado. Para ello la Xerencia y la Intervención de la Mancomunidade auditan cada factura que les envía Urbaser y proceden con el pago. "Sen embargo, este traballo de depuración está retrasado dende o primeiro trimestre de 2025, ao ter que adicarse, o persoal técnico, á redacción das dúas novas ordenanzas do servizo -la de usos y la fiscal- e ao ter que elaborar o prego do novo contrato para licitalo", matiza Santos. Asegura que ya se están auditando y se van pagando paulatinamente. En lo que respecta al nuevo contrato, está previsto que este jueves se publique en el Boletín Oficial de la Unión Europea, y que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas hasta el 10 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo