Servicio de recogida de basura
Fecimo y Mancomunidade pactan que los negocios del "programa puerta a puerta" tengan horarios flexibles para arrojar basura
Leticia Santos advierte de una inspección del reciclaje que acometerá la Xunta y alerta de que «si incumplimos, las multas serán para todos» | Los comerciantes valoran la intención de «cambiar varias propuestas»

Un momento de la reunión celebrada ayer en el Concello de Moaña. | GONZALO NÚÑEZ
Los alcaldes de Bueu, Cangas y Moaña –Félix Juncal, Araceli Gestido y Leticia Santos– recibieron ayer en Moaña, en representación del gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, a la directiva de la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo). El encuentro sirvió para explicar la nueva ordenanza de uso del servicio de recogida de basura, que se encuentra en exposición pública y que generó inquietud entre los vecinos por las sanciones previstas, con multas de hasta 2.000 euros para infracciones leves, como no separar correctamente los residuos para su reciclaje. La norma fue aprobada inicialmente por los grupos que integran el gobierno comarcal: BNG, PSOE y EU. Tras una reunión desarrollada en un clima cordial, los comerciantes salieron «satisfechos» porque los mandatarios «entendieron nuestras dudas sobre algunos temas y van a tratar de mejorar varios aspectos», señaló Carmen Pereiro, presidenta de Fecimo.
Una de las principales preocupaciones trasladadas por la federación fue el régimen sancionador previsto para quienes depositen la basura fuera del horario permitido, establecido entre las 20.00 y las 23.00 horas. En la reunión se acordó con los alcaldes que los establecimientos adheridos a la recogida de biorresiduos puerta a puerta contarán con «horarios orientativos», sin estar sometidos a una aplicación excesivamente rígida. La explicación es que, al retirar de la bolsa los restos orgánicos, se evita la generación de lixiviados y se reduce el impacto por olores si los residuos permanecen más tiempo en el contenedor verde.
La Mancomunidade también aceptó estudiar la declaración de algunos comercios como «entidades colaboradoras», de forma que puedan recoger pequeños residuos de sus clientes para que el servicio de basura los retire cuando entre en funcionamiento el punto limpio móvil contemplado en el nuevo contrato.
Los regidores reconocen que, sin restos orgánicos, los residuos no causan olores en el contenedor verde
Los regidores anunciaron además campañas informativas para explicar los distintos tipos de residuos y la forma correcta de separarlos, una medida solicitada por la propia Pereiro. Los comerciantes pidieron también facilidades para inscribirse en las campañas de reciclaje, por lo que se intentará habilitar formularios en línea en la página web de la Mancomunidade. La intención es emplear un sistema similar al que ya se utiliza para la recogida de restos orgánicos y extenderlo también a la recogida de cartón.
En el caso de Moaña, se valorará cambiar el día de recogida del cartón comercial puerta a puerta, pasando de la tarde del sábado a la del viernes, ya que no todos los establecimientos abren los sábados.
Desde la Mancomunidade, la presidenta de turno y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, defendió que la obligación de reciclar y separar correctamente la basura está vigente desde hace años y que la nueva ordenanza dota a la administración de una vía para sancionar los incumplimientos. Santos indicó también que la norma no entrará en vigor hasta que se licite el nuevo contrato del servicio.
La regidora alertó, asimismo, de que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta de Galicia acaba de remitir a la Mancomunidade un escrito en el que anuncia el inminente estudio de la fracción resto de los residuos de la comarca. El objetivo es comprobar si desde O Morrazo se están enviando debidamente separados los biorresiduos, el papel y cartón, los plásticos y envases, y el vidrio.
La Xunta reclama acceso a los datos de esta fracción, procedente del contenedor verde, así como autorización para realizar «caracterizaciones macroscópicas de la basura». El personal de la adjudicataria Applus Norcontrol será el encargado de realizar estos trabajos.
El recurso contencioso presentado ante la subida de la tasa no se trató en la reunión de este martes
«Si la separación no es correcta, corremos el riesgo de que la Mancomunidade sea sancionada, y esas multas acabarían repercutiendo en todos los vecinos», advirtió la alcaldesa.
Los regidores —todos ellos del BNG— defendieron que las sanciones propuestas ya figuran en normativas estatales y europeas de rango superior. También apelaron al informe de la secretaria de la Mancomunidade, que recoge en su artículo sexto que las aprobaciones inicial y definitiva de la nueva norma corresponden a la Xunta de Goberno del órgano supramunicipal.
Cabe recordar que el PP de Cangas ya presentó alegaciones en las que solicita la anulación de toda la ordenanza. Los populares centran buena parte de sus argumentos en la presunta irregularidad de haber aprobado la norma en junta de gobierno, sin pasar por la asamblea mancomunada, en la que están representados todos los concejales de los tres concellos.
Subida de la tasa
La nueva ordenanza llega después de la polémica generada por la ordenanza fiscal ya aprobada, que entrará en vigor en 2027 y que contempla un importante incremento de la tasa del servicio. En concreto, el recibo doméstico pasará de 64 a 126 euros; en el comercio, de 87 a 200 euros; y en la hostelería, en función de la superficie del establecimiento, podría alcanzar los 3.500 euros. Este asunto no se abordó en la reunión de ayer.
Esta misma semana se conoció que Fecimo, junto con la Asociación de Hosteleiros de O Morrazo y la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca), presentó un recurso contencioso administrativo para tratar de que la justicia anule el texto del que se deriva la subida. Como ya adelantó FARO, parte de los argumentos utilizados por los colectivos se basan en una presunta doble imposición por la recogida de residuos separados. También alegan posibles defectos en la respuesta a las alegaciones presentadas antes de la aprobación definitiva.
Durante la aprobación inicial de la nueva tasa, en octubre de 2025, la protesta convocada frente al Concello de Cangas acabó en disturbios. Los integrantes del gobierno de la Mancomunidade permanecieron encerrados durante horas en el consistorio, hasta que pudieron salir escoltados por la Guardia Civil.
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