El PP descarta un contencioso contra la basura pero se unirá al de los hosteleros

La ordenanza fiscal de la tasa por la recogida de la basura de la Mancomunidade de O Morrazo en Cangas, Moaña y Bueu entra en la recta final de su tramitación tras su aprobación definitiva en febrero y concluir este mes el período de dos meses, desde su publicación el pasado 23 de febrero, para presentar recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ganas había y hay de recurrirla por lo que implica de subida de precios con un recibo doméstico que pasa de 64 a 126 euros; en el comercio de casi 87 a 200 y en la hostelería que se multiplica por tres con cuotas variables, según superficie, de 150 a 3.500 euros. Sin embargo, el coste de acudir a los tribunales, entre 6.000 y 7.000 euros ha echado para atrás al PP que confirma que no presentará contencioso como partido porque,además del coste económico, la ley se lo impide al haberse ausentado del pleno de la aprobación definitiva en Moaña tras los altercados por la expulsión de una edil. Sólo el portavoz del PP en este Concello, Alfonso Piñeiro, que no pudo acudir a la sesión por causas personales, podría presentar el contencioso como partido, pero reconoce que el coste de acudir a los tribunales es muy elevado.

Sin embargo, el PP no se rinde a conseguir su anunciada revocación de la ordenanza. Tal y como señala la portavoz de Cangas, Dolores Hermelo, la idea es poder sumarse los concejales a título individual al contencioso que vayan a presentar colectivos como el de la Asociación de Hostalería de Moaña. Desde este colectivo, su presidenta Melania Pena, confirmaba ayer que en asamblea se aprobó presentar el contencioso que ya están ultimando y que tienen acuerdo para hacerlo con la Asociación de Restauración de Cangas (Areca) y con hosteleros particulares de Bueu. Desde la Asociación de Hostalaría de Moaña confían en tener la lista de adheridos cerrada esta semana.

Fuentes consultadas reconocen que si el contencioso tumba la ordenanza com o ocurrió en Madrid sería un quebranto económico para la Mancomunidad que tendría que volver a aplicar la ordenanza anterior, es decir la que está ahora en vigor. No repercutiría en la empresa adjudicataria que cobraría el mismo canon establecido por parte de la entidad supramunicipal, que es la que dejaría de recibir los ingresos por la nueva tasa.

El fin de la tramitación de la aprobación definitiva llega en una semana nuevamente convulsa para el gobierno de la Mancomunidad, que lidera el BNG, tras la publicación, sin previa información a los colectivos y vecinos, de la ordenanza de la basura para regular el funcionamiento del servicio, con un régimen sancionador que ha vuelto a levantar ampollas en el sector del comercio y de la hostelería. La ordenanza se publica como paso obligatorio para licitar el nuevo contrato de recogida de la basura por importe de 43,7 millones de euros a pagar a una empresa durante 10 años, buena parte de los cuales se sufragarían con la nueva tarifa. El régimen sancionador de esta ordenanza conlleva multas de 300 a 2.000 euros en el caso de infracciones leves; de 2.001 a 100.000 en el de graves; y de 100.001 hasta 3,5 millones de euros en el caso de las muy graves, que en el caso de que los residuos sean peligrosos ascenderían hasta 20.000 en el caso de infracciones leves; de 20.001 a 600.000 en el de graves y de 600.001 a 3.500.000 euros en el de muy graves.

Posición de Fecimo

La Federación de comerciantes e industriais do Morrazo (Fecimo) se reúne este jueves para tratar de la posibilidad de acudir al Contencioso-Administrativo y de la nueva ordenanza jurídica. Aunque su presidenta, Carmen Pereiro, ya asegura que las multas le parecen desorbitadas y arrojan muchos problemas en cuanto a horario, ya que establece que para evitar malos olores por acumulación de residuos durante períodos prolongados en la vía pública, los biorresiduos y la fracción resto deben depositarse a partir de las 20:00 horas y antes del inicio de la recogida a las 23:00 horas: «¿Estos horarios tienen en cuenta que, por ejemplo, la hostelería en verano acaba más tarde de las 23:0 horas? ¿Qué harán los establecimientos, quedarse con la basura hasta el día siguiente?», se pregunta Carmen Pereiro.

Norma estatal

Desde la Mancomunidad la presidenta de turno y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, alegó ayer que los importes de las multas previstos en la nueva ordenanza que está ya en exposición pública son idénticos a los recogidos en normas superiores como la ley estatal. Argumentan, desde el gobierno de la comarca, que el nuevo texto supone simplemente «una transposición de las normas europeas y estatales de la recogida de la basura».

Al no implicar una subida de la tasa, como ocurre con la ordenanza fiscal, se debatió y aprobó solo por los concejales de la junta de gobierno mancomunada (BNG, PSOE y EU) y, si supera el plazo de 30 días sin alegaciones, se publicaría y entraría directamente en vigor, sin pasar por la asamblea. Este mismo fin de semana la concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, criticó el «oscurantismo» de la tramitación y consideró desproporcionadas las multas que se contemplan.

Las prácticas que entran dentro de la catalogación de multas leves incluyen tirar basura fuera del horario, no compostar los residuos orgánicos o no separar correctamente para reciclar, arrojando, por ejemplo, plásticos al contenedor verde de la fracción resto.

Como aspecto llamativo se considera infracción grave, con multas de hasta 100.000 euros en el caso de reincidencia, depositar muebles, restos de obras u otros voluminosos en el entorno de los contenedores de la basura. «La recogida por parte del Punto Limpo es gratuita. La idea es que los voluminosos se lleven allí o se guarden hasta que se recojan en la puerta, pero no pueden estar ocupando la vía pública», alega la presidenta de la Mancomunidade. Santos argumenta que, con el nuevo contrato del servicio que saldrá a licitación «se darán más facilidades de uso del punto limpio, por ejemplo con una aplicación que permita fijar las horas de entrega o recogida de voluminosos».

Desde el ejecutivo del órgano supramunicipal alegan también que O Morrazo siempre careció de una ordenanza de uso de la recogida de la basura y que esta debe estar lista antes de poder adjudicar de nuevo el servicio con el contrato renovado. «Ahora tenemos herramientas para poder sancionar prácticas muy perjudiciales, como los vertidos incontrolados en el monte», alega Leticia Santos. Recuerda que los restos de basura o cascotes de obra en monte comunal, por ejemplo, suponen multas para las comunidades de montes, grandes perjudicadas de esos actos incívicos.

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