Zona Franca y el Concello de Cangas pusieron en varias ocasiones en duda la viabilidad de un polígono industrial en canteras de San Amaro

La visita oficial del delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades (PSOE), a Cangas la semana pasada removió la polémica en torno al suelo empresarial que en su día se había comprometido a desarrollar en Cangas. Alejada Cangas de este interés, ante un futuro más cercano que es el PERI de A Portela, que legalizó las naves que poco a poco se fueron asentando en esta zona de A Madalena, Zona Franca acude a la villa para desarrollar otro viejo proyecto: el parking subterráneo en Ojea. Desde el PP se acusa a Zona Franca de hacer fracasar el polígono industrial previsto, pero la realidade es mucho más terca que todo eso.

A finales de mayo del año 2013, Zona Franca tuvo que aceptar la sentencia del Tribunal Supremo y quedarse con los derechos de explotación de la cantera San Amaro, que adquirió en Aldán en mayo de 2002, siendo delegado Pablo Egerique (PP), para construir el que iba a aser el gran polígono industrial de Morrazo. Sin embargo, su sucesor Francisco López Peña (PSOE) anuló en 2007 la adquisión al considerar inviable económicamente el desarrollo del parque y reclamó los 3,6 millones que habían pagadado a la anterior propietaria de la explotación minera, Granitos de Aldán. La citada exploación fue adquirida en 2002 por Promalar, que vendió dos cuadrículas al Consorcio para hacer el gran parque empresarial. El Tribunal Supremo anulló el acuerdo de renuncia y confirmó el contrato de venta de la explotación. El fallo fue consecuencia de un recurso interpuesto Granitos de Aldán, sociedad que había sido adquirida poco antes a la familia Rodal, de Cangas, por el empresario Juan Lago. Entre los años 2002 y 2006, el Consorcio de la Zona Franca obtuvo ingresos al alquilar la cantera a la empresa Explotaciones Mineras do Morrazo, propiedad de los antiguos dueños de Granito de Aldán, que extrajo granito por valor de 2,2 millones de euros según figura en el informe pericial presentado en el pleito.

Año y medio después, aproximadamente, en octubre de 2014, la Zona Franca se comprometía con el Concello de Cangas a desarrollar la financiación para la ampliación del polígono de Castiñeiras en la parte correspondiente a este municipio, siempre que existiera demanda. Se trataba de una extensión de 159.536.,91 metros cuadrados netos y 412.238 metros cuadrados de superficie bruta que figuraba incluida en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de la Comunidad Autónoma. Por aquel entonces, visitaba Cangas para reunirse con el alcalde José Enrique Sotelo (PP), Teresa Pedrosa (PP), que manifestó que la Zona Franca había interés en desarrollar ese suelo, pero necesitaba antes un estudio de viabilidad, tanto desde el punto de vista jurídico como de la demanda de empresas. Fue entonces cuando Sotelo comentó modestamente que sí había demanda, concretamente una empresa conservera y también de empresas relacionadas con la transformación de productos de la pesca. No quiso dar nombres.

En 2015, el PP perdió la alcaldía y entró el tripartito (ACE, BNG y ASPUN). El que era concejal de Urbanismo por aquel entonces, Mariano Abalo (ACE) presentó un proyecto que no contó con el apoyo de casi nadie. Sus socios, ASPUN, consideraban que no había demanda para ampliar el polígono de Castiñeiras desligándose del Plan Sectorial, porque considera que las dificultades del terreno son muchas, tanto orográficas como de afectación patrimonial y medioambiental. El plan que proponía Mariano Abalo se situaba en las viejas canteras de Rodal, en una superficie de 74.280 metros cuadrados a los que había ue restar, según los cálculos del todavía hoy concejal del PP, Rafael Soliño, 10% del aprovechamiento para el Concello y más de un 40% para viales, bombeos y depósitos de agua, con lo que quedarían 32.000 metros cuadrados. Ya no se hablaba de la Zona Franca. Hoy, también se considera que el PERI de A Portela es capaz de aglutinar toda la demanda existente.

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