Operación Vida: diez años a la sombra

Coincidiendo ya con el Día de la República, la Operación Vida contra la extorsión en mercadillos de venta ambulante asestaba en 2016 un duro golpe a la monarquía gitana en Galicia. El hoy autoproclamado rey de los gitanos gallegos (por entonces príncipe), Sinaí Giménez, iba camino de prisión, junto a sus hermanos Saúl y Juan Paulo. También se había detenido al padre, Olegario Giménez, que se encontraba hospitalizado.

Esa noche, tras una larga espera de horas, los investigados llegaron a los juzgados de Cangas a primera hora de la mañana y poco antes de las 24.00 horas del 14 de abril se daban a conocer los autos de prisión y los de libertad condicional. Toda la plaza de los juzgados de Cangas fue tomada de forma insólita por la Guardia Civil, que relevaba a sus hombres cada cierto tiempo en sus tareas de vigilancia de los familiares ante el temor de que se produjera una alteración del orden público.

Sorprendía, además, que el resultado de una redada en Tomiño estuviese relacionada con Cangas, y no solo eso, que fuera uno de los jueces de Cangas en ese momento, concretamente el del Número 3, David Pérez Laya, quien instruyera la causa. Cangas vivió unos días de gran revuelo, de ilustres abogados que conformaban una pasarela de famosos capaces de competir con la de Cibeles.

A lo largo de varios meses y años pasaron por ahí como letrados defensores: Gutiérrez Aranguren (caso Asunta), Gonzalo Boyé (el que fuera abogado de Sito Miñanco), Emilio Barrichelli, Ramón Montenegro, el televisivo Marcos García Montes, Cándido Pumpido (hijo), la esposa del juez Taín, Beatriz Seijo, el despacho de abogados que dirige Adolfo Pego Oliver Toliber, que fue en su momento magistrado del Tribunal Supremo. El último incorporado a esta larga lista es Maroto Granados. Cuando llegan a la causa, todos piden lo mismo: la anulación de todo.

Pasaron diez años de aquello y la causa supera los 21.000 folios, sin que, de momento, se haya ni siquiera pensado en abrir juicio oral. Ni el abogado de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias, ni tampoco la fiscal consiguen que tenga lugar el juicio oral contra el clan de los Morones, dedicado a la venta ambulante en mercadillos, acusado en esta Operación Vida de organización criminal, extorsión, coacciones o amenazas, delito contra la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

En varios autos se había notificado el cierre de la instrucción de la Operación Vida, sin embargo, no hace mucho, la Audiencia Provincial autorizó que se remitiera un comunicado a las policías locales de los concellos a los que los Morones no pueden acudir, como consecuencia de una de las medidas cautelares, para que informen si se producen en ellos jaleo. Es evidente que si una de las partes del conflicto no está en ellos no hay lugar a disputa.

Los investigados que entraron en prisión por la Operación Vida están fuera y otros en libertad condicional ya murieron, como Olegario Giménez y su mujer Flora. El primero que salió de la cárcel fue Marino Giménez, por un problema de obesidad mórbida, tras el pago de 50.000 euros.

En verano de 2017 salía de prisión Juan Paulo y el 16 de agosto salía de la cárcel de Villabona, en Asturias, Sinaí Giménez. Todos con altas fianzas de 100.000 y 200.000 euros. Samuel fue el último en salir de prisión.

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