La Xunta pide excluir a las empresas de la mar-industria de la ley de servicios para asegurar su futuro

La aprobación y entrada en vigor de la Lei 4/2023 de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia no ha significado enterrar el hacha de guerra entre la Xunta y el Estado en este asunto. La intención del Gobierno central de modificar el Reglamento de Costas para limitar la vigencia temporal de las concesiones supone una amenaza para la viabilidad y seguridad jurídica de muchas de las empresas del sector mar-industria, que por razones de producción y operativas están situadas al lado del mar. La titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, estuvo este miércoles en las instalaciones de Pescados Marcelino, en el puerto de Aldán, donde criticó la intención del Estado de «expulsar calquera actividade económica da nosa costa» y pidió excluir a estas empresas de la ley de servicios, lo que serviría para asegurar su futuro y continuidad.

Villaverde acusa al Gobierno central de modificar «pola porta de atrás» algunos de los contenidos del Reglamento de Costas que son de competencia estatal. Unos cambios que deberían articularse mediante una modificación de la ley, pero que se están intentando introducir mediante un real decreto ley. «Está a vulnerar o principio de xerarquía normativa», advierte la conselleira. Precisamente este miércoles concluía el periodo de información pública del proyecto de ese real decreto.

El origen de este nuevo desencuentro entre la Xunta y el Estado está en la aplicación de la directiva de la Unión Europea y en una sentencia de su tribunal de justicia sobre el régimen de concesiones de servicios en la costa. Este es uno de los principales argumentos de la consellería. «Non nos cansaremos de dicir que a acuicultura e moitas empresas acuícolas son empresas de produción primaria, non son prestadores de servizos e polo tanto toda a cadea mar-industria debería estar eximida desa lei e o Goberno central debería defender ao sector e explicar as súas particularidades en Bruxelas», expuso Marta Villaverde durante su visita a Aldán.

La ley autonómica se aprobó en 2023, pero la transferencia de las competencias y su plena entrada en vigor no tuvo lugar hasta el 1 de julio de 2025. Villaverde defiende que esa normativa intentaba blindar y dar seguridad jurídica a un sector clave en la economía gallega. «O que fixo foi establecer que hai empresas que pola súa natureza teñen que estar ubicadas ao lado do mar para un funcionamento correcto e axeitado», argumenta. Un objetivo que ahora, la Xunta y la cadena mar-industria, entienden amenazado por la modificación del Reglamento de Costas.

La consellería eligió las instalaciones de Pescados Marcelino para lanzar este mensaje, una empresa que ejemplifica la necesidad de esta industria de emplazarse al lado del mar. Los responsables de la gestión y de calidad mostraron todo el recorrido que sigue el mejillón durante el proceso de transformación de esa materia prima, que va desde su lavado y limpieza hasta la cocción y envasado en diferentes formatos. La empresa situada al pie de la costa y del puerto de Aldán cuenta con una trayectoria de más de medio siglo y da trabajo a 45 personas. Gracias a sus bateas y barcos auxiliares cultiva alrededor de 2.000 toneladas de mejillón al año. «Digamos que para conserva destinamos o 60% da produción e o 40% restante vai a conxelados, envasados en salmoira e pasteurizados», explicaba durante la visita uno de los responsables de Pescados Marcelino, Ramón María Marcelino Canosa.

Suscríbete para seguir leyendo