El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

La accidentada y polémica asamblea de la Mancomunidade do Morrazo celebrada este viernes, en la que los ediles del gobierno comarcal —BNG, PSOE y EU— aprobaron la nueva ordenanza que incrementa la tasa de la basura, podría tener consecuencias no previstas para los grupos que se opusieron a la subida. En concreto, para el PP. Tras el enfrentamiento en el pleno, el grupo popular abandonó la sala después de que la alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mancomunidade, Leticia Santos (BNG), ordenara la expulsión de su concejala Estela Santomé. La edil se negó a salir y fue desalojada por agentes de la Policía Local. Con esa salida, cuando apenas habían transcurrido unos 20 minutos desde el inicio de la sesión, los representantes del PP no participaron ni en la mayor parte del debate ni en la votación. A efectos legales, su ausencia computó como abstención.

La situación podría limitar su capacidad para impugnar el acuerdo. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 63, solo pueden impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales los miembros de la corporación que hubiesen votado en contra. De ser así, la vía judicial quedaría en manos de los dos ediles que sí emitieron un voto negativo: la concejala de AV, Victoria Portas, y el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela.

El PP abandona la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo tras la expulsión de Estela Santoné

Conviene recordar que, en su reacción al día siguiente de la asamblea, concejales del PP de Bueu, Cangas y Moaña aseguraron que, pese a la aprobación definitiva de las nuevas cuotas, van a “luchar a nivel comarcal y municipal con todas las herramientas políticas, administrativas y de otra índole” para frenar la ordenanza durante los 11 meses que restan para su entrada en vigor.

Preguntado por esta interpretación de la norma, el edil de Cangas Pío Millán, que defendió la postura del PP en la comisión de dictamen del martes, indicó que tendrán que analizar con detalle las opciones que permite la legislación, sin descartar acudir a la vía judicial. Por su parte, la presidenta de la Mancomunidade señaló que consultará con los servicios jurídicos las consecuencias del abandono del PP.

«Una estafa»

Uno de los dos concejales que votaron en contra de la aprobación definitiva de la ordenanza, el no adscrito Daniel Chapela, calificó las tensiones vividas en la asamblea como “una estafa a la ciudadanía”, al considerar que “el debate se situó fuera de la tasa de la basura”. A su juicio, “deberíamos estar hablando de un tasazo inasumible para buena parte del sector comercial, de la discriminación de las parroquias o de la falta de diálogo de la Mancomunidade”.

Chapela sostiene además que, con lo ocurrido, “el PP le hizo el discurso al BNG y el BNG le hizo el discurso al PP”. También reprocha a Leticia Santos que “hable de diálogo cuando se desestiman la práctica totalidad de las alegaciones”.

Populares y nacionalistas se acusan mutuamente de atentar contra la democracia

El cruce de acusaciones entre PP y BNG tras la expulsión de la asamblea de Estela Santomé se prolongó durante todo el fin de semana. La presidenta de la Mancomunidade, Leticia Santos, difundió un comunicado que también compartió en redes. En él acusa al PP de que, durante la aprobación inicial de octubre, “impidió, con interrupciones constantes, la posibilidad de explicar la ordenanza de la basura mientras jaleaba al público para que nos atacase”. Santos recordó la “pedrada” que recibió a la salida de aquella sesión en Cangas e insistió en que este viernes “ediles del PP empezaron a interrumpirme antes de acabar mi exposición”.

Sostiene que aplicó el Reglamento Orgánico de Funcionamiento, “dando hasta tres avisos a la concejala”. “Se negó rotundamente a abandonar la sesión y pedí a la Policía Local que la acompañase fuera del salón”, añade. Santos asegura sentirse “ofendida” por que la tildasen de “dictadora” y “traidora” y defiende que “ejerzo un cargo público porque el pueblo de Moaña me eligió”. A su juicio, “impedir el normal desarrollo” del pleno supone impedir “el ejercicio de la democracia”.

Por parte del PP, las diputadas autonómicas Dolores Hermelo (Cangas) y Patricia García calificaron lo ocurrido como una “deriva autoritaria” y una “incompetencia gestora”. También contraponen la subida a lo que, según señalan, ocurre en Marín, “fuera del ente supramunicipal y bajo gobierno del PP”, donde aseguran que se logró mantener el recibo congelado. Las representantes populares definieron la asamblea del viernes como un “atentado democrático” y acusan a Leticia Santos de “instaurar un régimen de ordeno y mando”. “Fue una cacicada en la que Santos convirtió la Mancomunidade en un búnker, utilizando la seguridad como escudo ante los vecinos y aplicando una mordaza totalitaria a la oposición”, añaden.

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