La Mancomunidade aprueba subir el recibo de la basura y el PP abandona la asamblea tras la expulsión de Estela Santomé

La nueva ordenanza de la tasa de la basura, que incrementará el recibo para vecinos y negocios a partir de 2027, quedó aprobada definitivamente ayer en una asamblea de la Mancomunidade celebrada en el salón de plenos de Moaña. La sesión transcurrió con tensión dentro de la sala —y no en el exterior, como en la aprobación inicial de octubre en Cangas— y estuvo marcada por la expulsión de la concejala del PP moañés Estela Santomé.

La alcaldesa de Moaña y presidenta de turno del órgano comarcal, Leticia Santos (BNG), le dio tres avisos antes de ordenar su salida cuando apenas habían transcurrido 20 minutos de sesión. Santomé se negó a abandonar la sala y fue desalojada por agentes de la Policía Local. Tras ello, los ediles populares de Bueu, Cangas y Moaña abandonaron también el pleno al grito de «dictadura». La concejala expulsada afirmó posteriormente sentir dolor en un brazo «por la fuerza empleada por la Policía Local». Al finalizar la sesión Santos alegó que se levantó a pedirle a los agentes que no utilizasen la fuerza.

La expulsión se produjo después de que Leticia Santos iniciase la asamblea repasando las bonificaciones incorporadas al texto tras miles de alegaciones y reuniones con colectivos sociales, hosteleros y comerciantes en los últimos meses. La presidenta defendió que la redacción final es «más social y sostenible» gracias a esas aportaciones. Fue entonces cuando parte del público y representantes del PP la acusaron de «mentir» y de limitarse a «maquillar» el «basurazo». Santos llamó al orden en varias ocasiones hasta llegar al tercer aviso, dirigido a Santomé, que desembocó en la expulsión.

«La democracia no es interrumpir cuando queramos», alegó la presidenta

Tras los incidentes de octubre —con protestas en la calle y concejales encerrados durante horas en el Concello de Cangas—, el dispositivo de seguridad de ayer fue excepcional. Siete policías locales y seis agentes de la Guardia Civil controlaron el acceso a la Casa do Concello e identificaron a todas las personas que entraban, incluidos los propios concejales. El aforo solo permitió la presencia de 34 vecinos, al margen de los ediles. El edificio estuvo rodeado por vallas y se acordonó una zona por si fuese necesaria una evacuación, aunque finalmente no se registraron protestas en el exterior.

Tras la salida del PP, el debate quedó prácticamente limitado a las intervenciones del edil del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, y del concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, además del turno del gobierno de la Mancomunidade, que aprobó la ordenanza (socialistas de Bueu y Cangas, ediles del BNG y la concejala de EU, Aurora Prieto).

En su réplica, Leticia Santos justificó la expulsión de Santomé y defendió que «la democracia no es poder interrumpir cuando queramos». Aseguró que lo ocurrido respondió a «una provocación preparada por parte del PP» y consideró «grave» que se la acusase de falta de democracia «por hacer valer la Ley». También advirtió a varios de los vecinos presentes de que «interrumpir un pleno es un delito» y afirmó que no piensa «consentir en Moaña el nivel de violencia» vivido en la asamblea de octubre.

La alcaldesa señaló que la subida responde, entre otros motivos, al incremento del coste de Sogama, que esta semana «creció hasta los 122,10 euros por tonelada, IVA incluido». Además, recordó que hasta el 1 de enero de 2027 vecinos y empresas podrán acceder a reducciones y bonificaciones si cumplen los requisitos.

Mario Rodríguez (PSOE) explicó su abstención. Culpó al PP de «ser responsable de esta subida al disparar el canon de Sogama» y acusó a los populares de la comarca de «alimentar la confrontación social» en torno a la ordenanza. Al mismo tiempo, reprochó al BNG no haber actualizado la tasa de forma progresiva en años anteriores y mantenerla congelada. Sobre las bonificaciones, sostuvo que «solo son maquillaje».

Sin el PP en la sala, los votos en contra fueron los de Daniel Chapela y la edil de AV, Victoria Portas, que no tomó la palabra. Chapela lamentó «las formas» del PP y también la expulsión de una concejala, al entender que desvía el foco «de lo importante, que es la ordenanza que se aprueba». Criticó que no se incorporasen mejoras que había planteado, como reducciones para el rural —por un servicio de recogida peor—, para quienes residan a más de 500 metros de los contenedores, para personas que viven solas o para hosteleros con locales de menos de 100 metros cuadrados. A su juicio, el texto aprobado «no es justo socialmente».

Las nuevas tarifas

La nueva redacción establece una subida de la tasa para viviendas de 67 a 126 euros al año. En el caso de las cafeterías, se fijan cinco tramos según superficie (hasta 100 metros cuadrados; entre 100 y 200; hasta 300; hasta 400; y más de 400), con cuotas fijas de 200 a 500 euros anuales y cuotas variables de 150 a 1.100 euros al año. Las salas de fiestas y discotecas deberán abonar una cuota fija de 400 euros anuales y otra variable de 300 euros.

Para restaurantes también se establecen cinco categorías (de menos de 100 metros cuadrados a más de 400). La cuota fija pasa a ser de 400 euros en todos los casos y la variable oscilará entre 325 y un máximo de 3.500 euros.

Los supermercados y tiendas de alimentación tendrán una cuota fija de 200 euros, con una variable de 180 euros para los de menos de 100 metros cuadrados. Se mantienen cinco baremos, y los establecimientos de más de 1.000 metros cuadrados deberán pagar 400 euros en la parte fija y hasta 5.200 euros en la variable si no acceden a las bonificaciones previstas.

En centros educativos con servicio de comedor, el precio general será de 400 euros en la parte fija y 927 euros en la variable. Para fábricas y talleres se contemplan seis tamaños: las naves de más de 3.000 metros cuadrados —las de mayor categoría— abonarán 400 euros fijos y hasta 3.500 euros en la parte variable.