La subida de la basura supera su penúltimo trámite tras un control policial a los concejales

La nueva ordenanza que regula la tasa de la basura de O Morrazo, e incluye una subida general, está lista para su aprobación definitiva, que previsiblemente se llevará a cabo en el pleno de la Mancomunidade de este viernes, a las 20.00 horas, en el salón de plenos de Moaña. Ayer, en la comisión de dictamen, solo los 11 representantes del PP votaron en contra. AV y el edil no adscrito de Bueu no participaron en la sesión, mientras que BNG, PSOE y EU, que integran el gobierno del órgano comarcal, votaron a favor y sumaron 14 apoyos. El edil socialista de Moaña, Mario Rodríguez, se abstuvo, igual que en la aprobación inicial. La nueva tasa no entrará en vigor hasta 2027, tras los retrasos de finales de año por la gran cantidad de alegaciones presentadas por vecinos, colectivos y empresarios locales.

En la comisión de ayer no hubo protestas vecinales, pero sí mucha tensión entre los representantes políticos. Comenzó con la llamativa medida de identificar con el DNI a cada uno de los concejales que integran este órgano, para lo que se requirió la participación de la Policía Local. Esto provocó airadas quejas por parte de los ediles del PP, empezando por el cangués José Luis Gestido, cuando se incorporó a la sesión con retraso.

El concejal de Cangas Pío Millán tomó la palabra por el PP para criticar las identificaciones. «Es una sesión a puerta cerrada y nos parece que no es necesaria una medida tan dura», alegó. La alcaldesa de Moaña y presidenta de turno de la Mancomunidade defendió que la decisión se adoptó para garantizar que solo accedían los integrantes de la comisión, al celebrarse precisamente a puerta cerrada. «La Policía de Moaña no conoce a los ediles de los otros concellos, de ahí que pidiese el DNI», sostuvo.

Con respecto a la propuesta inicial que provocó el enfado de numerosos vecinos y sectores productivos, la ordenanza mantiene la subida prevista de 67 a 126 euros al año para las viviendas, así como los incrementos para comercios y hostelería. Eso sí, se amplía el rango de renta fiscal para incrementar el número de personas bonificadas y se contemplan reducciones si se recicla. Además, se incluyen más tramos tarifarios en hostelería y en talleres para que la subida sea más progresiva. También se permitirá el abono en cuatro pagos al año, en lugar de dos, para quienes tengan la tasa domiciliada.

La exención será total para los perceptores de la RISGA o para familias con ingresos inferiores al IPREM. Tampoco pagarán nada las asociaciones benéficas o sin ánimo de lucro. Las familias con ingresos inferiores a 1,3 veces el IPREM, o los colectivos vulnerables por circunstancias como una discapacidad superior al 65 %, una situación de dependencia, las familias monoparentales o las víctimas de violencia de género, abonarán solo la mitad de la tasa.

Las fábricas y los talleres reciben las bajadas más significativas con respecto al planteamiento de octubre, que ya era la segunda propuesta de ordenanza. Aunque estos negocios deberán afrontar una cuota fija de 400 euros en los seis tramos establecidos por tamaños, en el caso de fábricas y talleres de hasta 250 metros cuadrados la cuota variable baja de 400 a 300 euros. Para los de 250 a 500 metros cuadrados, desciende de 600 a 500 euros; y para los de 500 a 1.000 metros cuadrados se reduce de 1.500 a 850 euros. También baja en 500 euros —de 2.000 a 1.500— la cuota variable de los talleres encuadrados en el tramo de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. La peor parte se la llevan las fábricas de más de 3.000 metros cuadrados, cuya cuota variable crece y pasa de 3.200 a 3.500 euros con respecto a la anterior propuesta.

Se introducen, además, otras rebajas para los sectores productivos, como un descuento adicional del 10 % sobre el total de la tasa para hosteleros y supermercados si reducen el desperdicio alimentario mediante prácticas como colaborar con entidades sociales o con aplicaciones de redistribución de alimentos.

Millán lamenta que «no se aceptasen el 99% de alegaciones»

Pío Millán, del PP, fue el único edil que intervino. Explicó las razones del voto en contra de su grupo a la redacción modificada de la ordenanza. Alertó de que la documentación era extensa, con 250 folios en la valoración de algunas alegaciones, «lo que hace imposible leerlo todo si la recibimos el jueves por la tarde».El PP se quejó de que «no se aceptase el 99 % de las alegaciones» y sostuvo que quedaron fuera «las más de 3.000 de vecinos particulares, las del comercio local y los colectivos de hostelería». Insistió en que los cambios son «maquillaje», pese a incluir ciertas mejoras para hostelería o talleres.

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