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Los bomberos denuncian que el consorcio incumple su propia evaluación de riesgos, que exige 6 personas por turno

Debe haber un jefe de grupo, cuatro bomberos y un conductor, además de un sargento de guardia en el parque | La situación ya provocó dos requerimientos de Inspección de Trabajo

Dos bomberos del consorcio provincial durante una intervención reciente en Cangas.

Dos bomberos del consorcio provincial durante una intervención reciente en Cangas. / Santos Álvarez

O Morrazo

El Consorcio Provincial de Pontevedra aprobó en abril de 2024 su documento de evaluación de riesgos psicosociales, que entre otras medidas incluía la obligación de que los turnos de trabajo estén integrados por un mínimo de seis personas. Una exigencia que está muy lejos de cumplirse porque en la actualidad se opera con dotaciones mínimas de tres personas y que no siempre se alcanzan, lo que provoca los continuos cierres en los parques comarcales, como el de O Morrazo. Así lo denuncia el comité de empresa, que exige al consorcio que cumpla «sen máis dilacións» con lo establecido en su propia evaluación de riesgos.

La representación sindical de la plantilla –a través de su delegado de Prevención, Seguridade e Saúde, Adrián Pena– denuncia los riesgos de este incumplimiento, que ya derivó en dos requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo relacionados con la falta de aplicación de las medidas preventivas y con la dotación mínima del servicio. «Aínda así, a día de hoxe non se adoptaron solucións estruturais nin se aprecia vontade real de facelo», asegura el delegado sindical. Como ejemplo explica que estas medidas no se incluyeron en los presupuestos del año 2025 ni en los de 2026.

La evaluación de riesgos psicosociales se aprobó el 25 de abril de 2024 y ese trámite respondía a otro requerimiento formulado desde la Inspección de Trabajo. El documento establecía como prioridad A (el nivel máximo) la adopción de medidas organizativas y de personal. Para ello fijaba un plazo máximo de seis meses para su implantación, un perido que ya está ampliamente superado. «A día de hoxe acumúlase máis dun ano de atraso sen que se producise ningunha aplicación efectiva das medidas recollidas nese documento», denuncia Adrián Pena.

La distribución

Esa evaluación de riesgos psicosociales establece de forma expresa que el servicio mínimo por turno de trabajo y parque debe estar compuesto por seis personas: un jefe de turno (cabo), dos binomios operativos (cuatro bomberos) y un bombero conductor. A esta dotación mínima hay que añadir la presencia permanente de un jefe de parque (sargento) las 24 horas del día y un coordinador (suboficial). «É unha composición que responde a criterios técnicos e preventivos, imprescindibles para garantir intervencións seguras e unha organización de traballo axeitada», explica el delegado sindical de Prevención, Seguridade e Saúde.

En este sentido y ante la situación actual, desde el comité de empresa denuncian que el consorcio provincial continúa trabajando con dotaciones mínimas de tres bomberos, «unha cifra que non cumpre cos criterios recollidos na avaliación de riscos e que responde a decisións alleas á prevención e á seguridade laboral, senón de carácter exclusivamente político».

La representación sindical denuncia que no se están dando pasos para cumplir con estas exigencias. Sostiene que estas medidas no solo están ausentes en los presupuestos de 2025 y 2026, sino que la actual previsión para aumentar el personal en los parques de bomberos de la provincia resulta claramente insuficiente. «Sería necesario incrementar a plantilla en aproximadamente nove ou dez bombeiros, a maiores dos catro que se contratarán en 2026, en cada parque para garantir a cobertura de quendas, descansos, formación e contixencias», argumentan los representantes sindicales.

Ante esta situación, el comité de empresa advierte de que «non se está a traballar en condicións de seguridade», ni para los propios bomberos ni para la ciudadanía, en un servicio público esencial «que afronta intervencións de alto risco e elevada complexidade». Por ello, concluyen alertando de que las consecuencias finales de la falta de personal y del incumplimiento de las medidas preventivas «non recaen unicamente no persoal operativo, senón que afectan directamente á cidadanía ao comprometer a seguridade das intervencións, os tempos de resposta e a capacidade real do servizo de emerxencias».

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