El juzgado inicia las pruebas testificales por el ciberataque de 2023 en Cangas

El caso del ciberataque de mayo de 2023 al Concello de Cangas, que encriptó el sistema informático municipal y por el que los «piratas» pidieron un rescate en bitcoines, ha entrado en la fase de las declaraciones testificales por parte del Juzgado de la localidad. Fue en octubre de 2024 cuando el juzgado asumió el caso, después de que el PP denunciara en marzo de 2024 ante Fiscalía, y se sumara en mayo Alternativa dos Veciños (AV), indicios de un posible delito de malversación si se pagó a los piratas informáticos para obtener las claves, a través de un segundo contrato con la empresa encargada del mantenimiento del sistema en el Concello, Evelb Técnicas y Sistemas S.L, por 197.843 euros. El contrato fue para «servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransonware».

El primer contrato lo había firmado la portavoz y única concejala de AV en la actualidad, cuando era alcaldesa, ya que el ciberataque ocurrió en la recta final de su mandato, unos días antes de acabar. Ese contrato fue por 5.279 euros. Siendo aún alcaldesa se pudieron pagar las nóminas, pero después, con la entrada del nuevo gobierno, ya no fue posible y el tripartito intentó dar prisa a la solución con este segundo contrato, con el que Fiscalía ve presuntos delitos de prevaricación, malversación, daños informáticos y coacciones, que denunció ante el Juzgado de Cangas.

El fiscal de Pontevedra, Jesús Calles Villamandos, hace constar que los responsables de Evelb llevaron a cabo negociaciones con los autores del ciberataque y se abonó en criptomonedas el importe pactado, así como que para el pago de esta cantidad la empresa giró al Concello una factura por el importe de 197.843 euros que fue abonada con fondos públicos y que hay indicios de que los responsables del Concello eran conscientes de que con ese contrato se pagaba la cantidad negociada con los autores del ataque.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirman que la causa se sigue instruyendo y que la novedad, a día de ayer, era que se están practicando pruebas testificales, es decir declaraciones de testigos. Por el momento, ni la alcaldesa ni ninguno de los otros miembros del grupo de gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE y EU) han recibido notificación judicial para testificar ni el letrado municipal lo confirma.

Se entiende que serán los responsables de la empresa quienes pasen primero a declarar, si bien el gerente de Evelb Marcos Manuel Fontans Sebe, rechazó ayer realizar declaraciones a FARO.

En la fase de diligencias de la Fiscalía habían declarado el administrador de Evelb, el técnico de esta empresa, autor del informe sobre la resolución del problema; el responsable de los sistemas informáticos del Concello y el interventor. El fiscal también solicitó los movimientos bancarios al objeto de investigar el pago del rescate. Figuran dos facturas del Concello a Evelb, al margen de la principal, en julio de 2023 por 2.299 y 6.086 euros. El mismo día que fueron transferidos los 197.843 euros del Concello a Evelb se realizaron dos transferencias de 50.000 a una cuenta del administrador y desde esta cuenta otras tres por importe total de 54.000 a la cuenta de Julia Castromán.

Esta misma empresa se vio envuelta en una polémica en el Concello de Redondela, en donde se encargaba también del mantenimiento informático, y fue denunciada a la Agencia Española de Protección de Datos al no constar antivirus. El Concello sufrió un ataque informático, aunque no de la gravedad del ocurrido en Cangas.

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