Aviturga alega contra la subida de la basura en O Morrazo: "No acredita que las viviendas turísticas generen más que otras"
Reclama una memoria económica con información objetiva
Denuncia que se incumple el principio de "quien contamina paga"
La ordenanza establece 200 euros de cuota fija para estos alojamientos frente a los 126 de los hogares

Bloque de viviendas turísticas en Rodeira, en Cangas. / Fdv
La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia Aviturga, que preside Dulcinea Abuín, anuncia la presentación de alegaciones ante la Mancomunidade do Morrazo a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, que se aprobó de forma inicial en la asamblea de la entidad supramunicipal del 13 de octubre y está a información pública. Entre otras cosas solicita que no se apruebe mientras no exista una memoria económica con información objetiva, actualizada y desagregada.
La entidad pide que la tarifa aplicada a las viviendas de uso turístico sea revisada y sustituida por un sistema proporcional a la ocupación o equiparado a una vivienda habitual, hasta contar con datos técnicos fiables. En la ordenanza, aprobada inicialmente, figuran las viviendas de uso turístico, dentro del epígrafe de alojamientos, residencias y similares, con una cuota fija de 200 euros frente a los 126 euros estipulada para los hogares. Aviturga advierte que la tarifa actualmente prevista carece de justificación técnica y económica, al basarse en estimaciones obsoletas y no contrastadas. La propia memoria económico-financiera reconoce que no existen datos oficiales actualizados y que las cifras empleadas son meras aproximaciones sin metodología, lo que vulnera principios básicos como la seguridad jurídica y la equivalencia.
La asociación subraya que la ordenanza no acredita que las viviendas turísticas generen más residuos que las permanentes, ni contempla la ocupación estacional, pese a que un 75% de las viviendas de la comarca no tienen uso continuado. Además, denuncia que se incumple el principio “quien contamina paga” recogido en la Ley 7/2022, al establecer una tarifa diferenciada sin correlación con la producción real de residuos.
Con esta reclamación formal, Aviturga insiste en que la aprobación definitiva de la ordenanza debe quedar supeditada a la existencia de una memoria económica rigurosa y transparente, que garantice proporcionalidad y equidad en el tratamiento de las viviendas de uso turístico.
El gobierno de la Mancomunidad, en el transcurso de las reuniones con los diferentes sectores para negociar una salida consensuada a la aprobación definitiva tras el rechazo a la nueva ordenanza y la subida de precios, presentó una propuesta para crear un nuevo concepto, dentro del epígrafe de alojamientos, por un lado el 1100 de viviendas de uso turístico; y por otro el 1101, de aparta hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.
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