Tercera tentativa de juicio a un vecino de Bueu para el que piden 9 años de cárcel por venta de droga

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acoge mañana el tercer intento de juicio en el que un vecino de Bueu se enfrenta a una pena de prisión de 9 años y a una multa de 900.000 euros por la posesión de sustancias estupefacientes en «cantidad de notoria de importancia» para su venta a terceros. La vista estaba prevista inicialmente para el 24 de julio, pero se suspendió porque se estaba negociando un posible acuerdo. Ese proceso no culminó y se fijó como nueva fecha para el juicio el 2 de octubre. Tampoco entonces se pudo celebrar porque en el expediente no figuraba una documentación relevante para la defensa: la transcripción de las llamadas interceptadas entre los presuntos implicados y que fue fundamental para la orden de registro dictada en su día desde los juzgados de Marín.

La Audiencia de Pontevedra aceptó la petición de aplazamiento realizada por el abogado defensor, que contaba con el apoyo del ministerio fiscal, y fijó el juicio para mañana martes a las 10.00 horas. El único acusado es Marco Antonio P.F., natural de Bueu y que fue detenido en octubre de 2023 dentro de una operación de la Guardia Civil contra la venta de sustancias estupefacientes. En el momento de los hechos esta residiendo en la parroquia canguesa de Aldán y el juzgado autorizó registros en esa vivienda y en un piso situado en el centro de Bueu, en la calle Pazos Fontenla, y que era donde supuestamente se vendía la droga.

Durante los registros la Guardia Civil se incautó de diversas cantidades de droga, que presuntamente se destinaba a la venta a terceros: 1,1 kilos de cocaína, con una pureza de entre el 87% y 91,66%; más de 970 gramos de heroína, con una pureza entre el 37% y el 53%; y unos 95 gramos de monoacetilmorfina (éter de morfina). Según la estimación de los investigadores esas sustancias estupefacientes podrían alcanzar un valor cercano a los 230.000 euros en el mercado ilícito.

Para la Fiscalía estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y en una cantidad de «notoria importancia». Por ello solicita una pena de cárcel de 9 años [el acusado está en prisión provisional desde su detención en octubre de 2023] y una multa de 900.000 euros. Durante los registros practicados por la Guardia Civil se encontraron tres básculas de precisión, dos envasadoras al vacío y otro material para el procesado y venta de la droga. Y una cantidad de dinero en metálico superior a los 61.000 euros, que se entiende como «procedente de la ilícita actividad que desarrollaba» el acusado.

El escrito de acusación recuerda además que el investigado ya fue condenado por la misma sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra en junio de 2016 a tres años de prisión por unos hechos similares. Una pena que fue suspendida y finalmente remitida a finales del año 2019.

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