Empuje de la Valedora para que Cangas bonifique el vehículo eléctrico

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, tramitó el año pasado 16.562 quejas de ciudadanos en Galicia, según la memoria de 2024 que presentó esta semana pasada, de las cuales 12.570 procedieron de campañas colectivas como la movilización de Carballiño por la sanidad pública (8.541); la de la modificación de la línea-Sada-Mera-A Coruña (950); la gestión del comedor y el plan madruga en el CEIP Barrié de la Maza (177) o educativas por refuerzo de profesorado en Tordoia y Carral. Ninguna de O Morrazo, pese a las protestas por el regreso de las urgencias en Moaña que cumplen cuatro años. Pero, la comarca también se mueve a nivel de Valedora y aunque sus municipios no fueron los que figuran con más quejas, que lideraron A Coruña (63); Santiago (62) y Vigo (59), sí que Cangas y Moaña constan en la franja siguiente de entre 15 y 25, mientras que Bueu se mantiene en un discreto lugar en la franja de entre 4 y 8. En concreto constan 25 quejas en Cangas, 12 en Moaña y 5 en Bueu por cada 10.000 habitantes.

La falta de bonificación a los vehículos eléctricos es una de las quejas presentadas por un vecino de Cangas que la Valedora destaca en su informe y sugiere al Concello que, dentro de su capacidad organizativa, favorezca la movilidad con vehículos que minoren la emisión de carbono, a través de bonificaciones fiscales. La queja por la ausencia de bonificaciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) la presentó este vecino que asegura que un año antes compró un coche eléctrico y le llegó el impuesto sin bonificación. Reclamó al Concello, pero le respondieron que para este tipo de vehículos no hay ordenanzas y están sin modificar desde 2012.

Desde la Valedora se pidió un informe al Concello que confirmó que la ordenanza no recoge exención para estos vehículos y que se trata de una posibilidad, pero no una obligación para las entidades locales, según la Ley reguladora de Facendas Locais. Fernández Galiño analiza la regularización de este impuesto por el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo que establece cuotas mínimas aplicables por los Concellos al IVTM, según la potencia y clase de los vehículos. Dice que el cuadro podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que los Concellos pueden incrementar la tasa con la aplicación de un coeficiente que no podrá ser superior a 2, además de aplicar (artículo 95) bonificaciones de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma, en razón a la incidencia de combustión del mencionado carburante en el medio ambiente; y en función de las características de los motores. El vecino que presentó la queja no entiende que, aunque la ordenanza sea de 2012, no se incluyan bonificaciones para los vehículos que respeten el medio ambiente. En su respuesta, la Valedora recuerda el protocolo de Kyoto, de febrero de 2015, sobre la necesidad de trabajar contra el cambio climático y el Acuerdo de París, de diciembre del mismo año, con los aspectos de la lucha contra este cambio climático, por el que cada 5 años, todos los países deben comunicar y mantener contribuciones nacionales de planes de lucha contra ese cambio con objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las líneas de trabajo en los países fue la reducción de emisiones en el ámbito del transporte y por eso, la Valedora recuerda que se fueron poniendo en marcha bonificaciones fiscales, tanto en el impuesto de matriculación como en el IVTM para los vehículos con carburantes que reduzcan las emisiones de carbono al tiempo que se promovía el uso de vehículos eléctricos en el transporte público y planes de movilidad con prioridad peatonal. Recientemente, la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo, que preside la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, adquirió un vehículo eléctrico, para fomentar su uso.

En el informe de la Valedora y respecto a Cangas también se destaca la queja de una asociación vecinal por la contaminación de la fuente do Enxerto y los incumplimientos del Concello para realizar obras para solucionar el problema. Fernández Galiño recuerda que la administración local es responsable de garantizar la calidad sanitaria del suministro de agua a la población y pide al Concello permanecer vigilante ante cualquier posible alteración en esta fuente para reaccionar implementando medidas correctoras o paliativas para recuperar la normalidad en el suministro, así como la adopción de medidas de limitación del consumo hasta recuperar los valores paramétricos que la hagan potable.

En urbanismo, el informe recoge una queja por la falta de actividad del Concello en la ejecución de urbanización de parte de un vial, iluminación pública y cierre de una parcela existiendo fondos del aval de la empresa constructora, que concluyó con actuación positiva; y otra por la falta de respuesta a un recurso de un particular que había denunciado la construcción de un galpón ilegal y tras incoar el Concello un expediente de reposición de la legalidad, decidió archivarlo. La Valedora tramitó también la queja de una mujer de Cangas contra la Xunta ya que iba a ser desahuciada de la vivienda en alquiler y le negaban el bono de ayuda al alquiler, que finalmente fue concedido y presentó tres recordatorios al Concello por la obligación de aportar la documentación que va a los plenos, denunciada por la edil de AV, Victoria Portas.

Suscríbete para seguir leyendo