Moaña aprueba subir las tarifas de la piscina con críticas de PP y PSOE
El colectivo Bouza-Quintela exige una auditoría a la concesionaria

Ediles del gobierno local, votando. | Gonzalo Núñez
El pleno de la corporación de Moaña del mes de noviembre incluyó la aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora de la piscina municipal de Moaña. Para garantizar el equilibrio económico la tarifa que pagan los vecinos subirá un máximo de 7,25% euros al mes, aunque se incluyen nuevas bonificaciones. El BNG aprobó la medida que contó con fuertes críticas de la oposición.
Por el PP local, Alfonso Piñeiro alegó que la concesión de la piscina tras su apertura en 2009 supuso «una privatización de un servicio público» y criticó el estado de todo el centro deportivo «con máquinas que no funcionan y goteras». Asegura que la obligación de la concesionaria es el mantenimiento de la instalación y teme que la renovación que acometerá en próximas semanas el Concello «incluya actuaciones que son competencia de la empresa». A esto suma la subida de los precios «para beneficio de la empresa, pero son los vecinos los que lo pagan».
Más duro se mostró Mario Rodríguez, concejal del PSOE, quien acusó al ejecutivo local [del BNG en mayoría absoluta] de «volver a aprovechar la excusa de una adaptación legal para subir una tasa, lo que golpea directamente a los vecinos». El socialista llegó a acusar al ejecutivo local de «haberse convertido en una máquina de recaudar».
Por su parte, desde el BNG, María Ortega recordó que las tarifas se abonan a la empresa concesionaria y no es una recaudación directa que vaya a las arcas del Concello. Alegó que «no dejamos a gente atrás porque hay bonificaciones según las necesidades. Tenemos en cuenta los ingresos de las familias, no como otras administraciones», alegó. Recordó también la próxima obra de mejora de eficiencia energética y que corregirá algunos de los desperfectos que presenta la instalación.
En este punto intervino también la presidenta de la Asociación de Veciños Bouza-Quintela, María José Acuña. Relató las múltiples deficiencias y carencias de personal que sufren los usuarios de la piscina y exigió una auditoría externa sobre la gestión de la concesionaria. Anunció que el colectivo alegará ante esta subida y afeó el fuerte descuento que tienen los trabajadores municipales «será legal, pero no ético», apuntó.
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