La alcaldesa rechaza pagar la reclamación de 1,7 millones de Marina Atlántica sobre Massó

El gobierno local quiso dejar claro ayer que no tenía intención alguna de pagar los 1,7 millones de euros que Residencial Marina Atlántica reclama por el incumplimiento del convenio urbanístico de Massó, firmado con el Concello en el año 2004, cuando gobernaba Cangas el Partido Popular con mayoría absoluta y se estaba elaborando el Plan Xeral de Cangas. En ese momento también se firmó con Promalar otro convenio urbanístico en Aldán, que tampoco se cumplió y que la justicia obligó al Concello de Cangas a pagar 2 millones de euros más 1.430.000 euros de intereses.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) dejó claro que su gobierno no se iba a hacer cargo de más deudas dejadas por otros ejecutivos locales anteriores, a menos que haya una sentencia judicial por medio. Considera que el tripartito hizo una importante tarea en deshacerse del peso de la sentenciade Promalar.

No sería el primer proceso judicial que afronta Residencia Marina Atlántica respecto a algo relacionado con el convenio urbanístico de Massó. En su momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso presentado por Residencial Marina Atlántica S.A. contra la resolución dictada el 24 de febrero de 2014 por la Autoridad Portuaria de Vigo sobre la inadmisión de la reclamación de responsabilidad patrimonial por importe de 4.495.090 euros, dinero que debería compensar los daños y perjuicios ocasionados a la promotora del puerto deportivo de O Salgueirón tras ver anulada la concesión para construirlo y explotarlo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego entendió que la Autoridad Portuaria actuó conforme al derecho e impone las costas procesales a la parte actora.

El origen del litigio se remonta a más de una década, cuando se promovió la construcción y explotación del puerto deportivo en O Salgueirón, que no llegó a ejecutarse debido, principalmente, a la gran contestación social. Pero el acto impugnado por Residencial Marina Atlántica es la resolución del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, de fecha de 24 de febrero de 2014 por la que se inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ella a dicho organismo público por importe de 4,5 millones de euros, como consecuencia de la anulación de la concesión administrativa par a las obras prevista. El tribunal recordó en su fallo que fue la propia empresa la que desistió de seguir adelante por las trabas que encontró.

Hay que recordar que la Autoridad Portuaria de Vigo concedió a Marina Atlántica, el 25 de febrero de 2005, la concesión administrativa para construir y explorar un puerto deportivo en O Salgueirón, decisión contra la que se interpuso «casi de inmediato y en un ambiente de fuerte discrepancia social», un recurso por parte de la Cofradía de Pescadores San José de Cangas con el fin de que se declarase su anulación. En marzo de 2007, fue autorizada a la concesionaria una primera prórroga de 12 meses para finalizar las obras; en enero de 2010, otra de 22 meses y, más arde, una tercera, de 16 meses. Incluso fue necesario suspender temporalmente los efectos de la concesión por un lazo de 12 meses más, «con la obligación expresa del concesionario a usar todos los medios a su alcance para remover los obstáculos que impiden la ejecución de las obras dentro del plazo de suspensión, pues, de no obrar de esta manera, la detención de las obras pasaría a serle imputable a la concesionaria», señala el fallo judicial.