La Xunta achaca el «tasazo» al escaso reciclaje y a la «lesiva» ley del Estado

La Consellería de Medio Ambiente y la empresa pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) entran en la polémica sobre la nueva tasa del servicio de la basura en la comarca de O Morrazo. Por un lado, rechazan de plano que esa subida de tarifas se deba al canon de Sogama y contradicen las cifras aportadas por los ayuntamientos, unas cuantías que se corresponden con las facturas enviadas a cada uno de ellos. Y, por el otro, achacan el «tasazo» al escaso nivel de reciclaje, al elevado volumen de toneladas de residuos que se envían anualmente a incinerar en Cerceda y a una «lesiva» ley del Estado, que obliga a que el servicio de basuras no sea deficitario. Es decir, que la tasa cubra el coste real.

La respuesta autonómica se fija en primer lugar en el canon que debe abonar la Mancomunidade do Morrazo por el tratamiento de los residuos que se envían a la planta de Sogama en Cerceda. Desde la Xunta aseguran que el coste de este servicio para los ayuntamientos de la comarca durante los primeros nueve meses del año fue de 1.285.309 euros y no de los casi 1,8 millones que suman las facturas. Esta diferencia se debe a las subvenciones aprobadas al amparo del Fondo Ambiental autonómico y a los ingresos que recibe el ente supramunicipal por el convenio por el uso de la planta de transferencia de A Portela.

El canon genérico de Sogama por el tratamiento de los residuos es de 105 euros/tonelada para este año 2025. Ese importe se reduce a 95 euros para aquellos ayuntamientos que cumplan una serie de requisitos de reciclaje y compostaje, como es el caso de Cangas, Moaña y Bueu.

A partir de este punto comienzan las precisiones por parte de Medio Ambiente y de la empresa pública. Este año los tres ayuntamientos recibieron un total de 260.491 euros del Fondo Ambiental de la Xunta de Galicia: 120.305 euros en el caso de Cangas; 86.682 en el de Moaña; y 53.503 euros Bueu. «Isto quere dicir que o custe real para os concellos está a ser de 83 euros/tonelada», subrayan desde la consellería.

El convenio por el uso de la planta de transferencia: Sogama paga 4,5 euros por tonelada, unos 120.000 euros al año

La factura con Sogama también se aligera en otro frente. La Mancomunidade y la empresa tienen suscrito un convenio a través del cual se fija una compensación para el ente mancomunado por la colaboración en la gestión de la planta de transferencia de A Portela. Ese acuerdo significa un pago a favor de los concellos de unos 120.000 euros anuales. A estas alturas del ejercicio se desembolsaron 84.290 euros por el periodo entre enero y septiembre.

Con todo esto, durante los primeros nueve meses del año el canon de Sogama para la Mancomunidade ascendería a 2.439.196 euros si se aplicase el tipo de 105 euros. «Non obstante, esta cifra co canon reducido sería de 1.630.091 euros. A maiores hai que descontar os 260.491 euros do Fondo Social e os 84.290 euros do convenio polo uso da planta de transferencia», exponen desde Medio Ambiente y Sogama. Así, el coste entre enero y septiembre sería de 1.285.309 euros.

Ese convenio por el uso de la planta de transferencia implica un pago a la Mancomunidade de 4,5 euros por tonelada. «Isto fai que a situación dos concellos de Cangas, Moaña e Bueu é máis vantaxosa que a do resto porque o 70% do incremento do canon (29,5 euros) o está soportando a Xunta, sufragando os entes locais o 30% (12,5 euros)», añaden.

La necesidad de aumentar las tasas de reciclaje

La Xunta hace referencia a otro frente, en el que también insisten los ayuntamientos durante estos días como una de las claves para poder abaratar el coste del servicio: el reciclaje. En los últimos tres años los residuos del contenedor amarillo –envases de plástico, latas o briks– se movieron entre las 700 y las 800 toneladas, una cifra que se puede considerar escasa. Si bien es cierto que la evolución es positiva: 708 toneladas en 2022, 707 en 2023 y más de 790 en 2024.

En el otro extremo está la denominada como «bolsa negra», que son los residuos que se depositan en el contenedor convencional o de fracción resto. En 2022 fueron 23.366 toneladas, en 2023 fueron 22.924 y en el año 2024 fueron 22.585 toneladas. Esas más de 22.000 toneladas suponen un peso excesivo a pesar de que se constata una tendencia positiva. «Se subisen os envíos da bolsa amarela incrementarían de forma significativa os seus ingresos económicos, vía Ecoembes, e reducirían as entregas a Sogama e, en consecuencia, os custes económicos», argumentan.

La ley estatal y las directivas de la Unión Europea

El otro frente al que apuntan la Consellería de Medio Ambiente y Sogama es una legislación de ámbito estatal: la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. «O incremento do canon de Sogama veu motivado por unha serie de decisións do Goberno central; a máis lesiva, implantar o imposto ao verquido e á incineración a través da Lei 7/2022», señalan. En realidad esa legislación es a su vez una transposición obligatoria de dos normas de la Unión Europea (UE): la Directiva 2018/851 sobre residuos y la Directiva 2019/904 sobre productos de plástico de un solo uso.

Esa ley establece que el servicio de gestión de los residuos no puede ser deficitario y que los ayuntamientos, que deben repercutir en los usuarios todos los costes inherentes al mismo: recogida, contenerización, combustible de los vehículo, campañas de concienciación... «Esa obriga legal, e non a actualización do canon de Sogama, é a que está a condicionar o incremento das taxas de lixo na meirande parte dos municipios», argumentan desde Medio Ambiente y Sogama, que con este argumento reconocen que esta situación no es exclusiva de O Morrazo.

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