La Xunta coge el relevo a Costas para negociar con Cangas la concesión de las naves de Ojea
El Servizo do Litoral del Gobierno autonómico asume esas competencias estatales y pide al Concello el expediente | También muestra disposición para desafectar los jardines de O Señal hasta orillamar y agilizar todos los permisos

Antón Iglesias y Araceli Gestido se reunieron ayer con responsables del Servizo do Litoral en la sede de la Xunta en Pontevedra. | FdV
La desafectación de las naves de Ojea y su concesión al Concello de Cangas para crear espacios educativos enfocados en el mar y el medio ambiente ya no es asunto de Costas del Estado, sino de la Xunta, que ha asumido amplias competencias en la gestión del litoral, y esta es una de ellas. Es el mensaje que recibieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, de los responsables del Servizo do Litoral con los que se reunieron ayer en la delegación provincial de Pontevedra. Los trámites no varían, aunque cambia la administración que debe darle el visto bueno, y los siguientes pasos serán remitir al departamento autonómico una copia de los iniciados con el estatal, así como el proyecto básico sobre los usos encargado al arquitecto moañés Rodrigo Currás, que está previsto rematar a corto plazo. Será la Xunta la que acepte o deniegue el plan de rehabilitación.
El Gobierno local pedía esta aclaración tras el reciente traspaso de competencias en el litoral del Ministerio de Transición Ecológica a la Xunta de Galicia, en particular las concesiones y autorizaciones, y la «falta de información» al respecto. Este limbo incluía los permisos necesarios para realizar múltiples actividades en toda la alameda de O Señal, como pueden ser fiestas, ferias o mercadillos, y en el Servizo do Litoral aclararon a la regidora y al edil que desde ahora se encarga de ello el departamento autonómico. El Concello deberá remitirle «en xaneiro ou febreiro» el listado de los eventos cuya fecha ya se conozca –donde figuren la declaración de interés local, informe de viabilidad urbanística y otros requisitos–, para trabajar con más previsión y optimizar la organización.

Uno de los chiringuitos de verano en la playa de Rodeira. | Santos Á.
La Xunta también muestra «disposición plena» a reducir al mínimo la superficie afectada en ese ámbito, entre Ojea y la plaza de abastos, en favor del Concello de Cangas, y fijarla prácticamente en orillamar, pues los usos que tiene han variado y mantener la línea actual ya no tiene razón de ser más allá de la servidumbre de tránsito, ni se cobra canon alguno por ello. «Nesta cuestión parece que estamos dacordo as dúas partes», señalan Antón Iglesias y Araceli Gestido, que regresaron de la reunión en Pontevedra «con algunhas dúbidas resoltas e outras por resolver», pues se trataba de una primera toma de contacto tras la transferencias de competencias del Estado a la Xunta.
Algunos de los asuntos que los representantes del Gobierno cangués llevaban en agenda, como las rampas de acceso a las playas, la reposición del muro en la de Castiñeiras o los usos que se le podrá dar a los bienes inventariados en primera línea de costa quedaron sobre la mesa porque todavía están «en estudio» o pendientes de informes jurídicos que lo aclaren. Lo mismo sucede con respecto a trámites exigidos para hacer reparaciones o intervenciones menores en espacios costeros por parte del consistorio. La idea es «simplificarlos y agilizarlos» con una comunicación entre administraciones, aunque todavía está sin concretar.

El futuro de las naves de Ojea sigue sin resolverse. | G.Núñez
La tramitación de los chiringuitos de playas se adelanta
Las autorizaciones de chiringuitos y explotación de otros servicios en playas durante el verano es otro de los temas que se trataron. La Xunta anunció que ampliará la temporada de actividad, ininterrumpidamente desde Semana Santa hasta octubre –lo que puede aumentar el atractivo y la rentabilidad de este negocio en auge–, y ayer explicó a los gobernantes cangueses que los concellos deberán presentar un plan de explotación antes del 31 de octubre, tres meses antes de lo que exige Costas del Estado.En todo caso, Cangas no se ve afectada a corto plazo, pues otorgó las 19 explotaciones en dominio público por dos años y aún queda uno por delante. El próximo año sí estará obligado a presentar un nuevo plan de explotación, que puede abarcar de uno a cuatro años. Los que se ubican en propiedad privada mantienen los requisitos, pero deberán pedir permiso a la Xunta y no a Costas.
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