Dos de las tres juezas de Cangas se suman a la huelga contra la Ley Bolaños
El paro empezó ayer, suspendiéndose hasta siete juicios rápidos y varias declaraciones | Sigue hoy y mañana | Alertan de la intención del Gobierno de politizar la justicia

Varios vecinos, ayer, accediendo a los juzgados cangueses. | Gonzalo Núñez
La huelga de tres días convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales tuvo ayer un notable seguimiento en el juzgado de Cangas. Dos de los tres jueces se sumaron al paro en protesta contra los proyectos legislativos que impulsa el Gobierno central para reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Conocida como «Ley Bolaños», una enorme parte de los jueces considera que el ejecutivo socialista busca socavar la independencia judicial y por lo tanto el gran pilar del Estado de Derecho. Apelan al riesgo que existe de que, si los proyectos salen adelante, la autonomía de jueces y del Ministerio Fiscal quede gravemente comprometida, dejando a la separación de poderes muy dañada.
En concreto hicieron huelga las juezas del Juzgado Nº 2 y del Juzgado Nº 3 de Cangas durante la jornada de ayer y todo apunta a que extenderán su paro al día de hoy y al de mañana. Solo estuvo operativo con normalidad el Juzgado Nº 1. Ante esta situación fue necesario suspender hasta siete juicios rápidos, atendiendo casos de violencia de género en base a los servicios mínimos y urgentes.
Y es que en el Número 2 se celebraron solo un caso de violencia de género y un juicio de familia con menores implicados. En el Juzgado Número 3, por su parte, había previstas varias declaraciones que fueron suspendidas. El Número 1 no hizo seguimiento de la huelga pero no tenía señalamientos para la jornada de ayer.
La calma era muy patente por la mañana en las instalaciones del Juzgado de Cangas, debido a las numerosas suspensiones de actos. El alto seguimiento demuestra el temor del sector a las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños. Y es que desafiaron tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –imputado por un presunto delito de revelación de secretos–, pues ambos aseguraron la semana pasada que esta huelga carece de respaldo normativo.
Los servicios mínimos atendieron un caso de violencia de género y otro con menores
Los cambios más polémicos
Uno de los principales focos de conflicto que lleva a la huelga de jueves reside en la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Y es que se reduce el nivel de exigencia aumentando la subjetividad en el proceso de selección y abriendo la puerta a nombramientos basados en criterios de afinidad política.
Los huelguistas alertan también de que la nueva ley refuerza la figura del Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento depende directamente del Gobierno. Finalmente, muestran una enorme preocupación por la futura atribución de la instrucción de las causas penales a los fiscales. Se arrebataría, en este caso, una competencia a los jueces de instrucción. Esta modificación podría poner en grave riesgo la independencia en la persecución de los delitos.
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