Los Morones piden el fin de la prohibición de acudir a los mercadillos

Pasaron 9 años desde que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas decidiera apartar de varios mercadillos de la provincia de Pontevedra, entre ellos Cangas, a la familia Giménez, también conocida como los Morones, con Sinaí al frente, que hace también 9 años fue encarcelado junto con sus hermanos y hace tiempo que goza de libertad. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia informa que esas medidas cautelares impuestas son injustas, y más a medida que pasa el tiempo y no se celebra ningún juicio por la denominada «Operación Vida»contra la extorsión en la venta ambulante y blanqueo de capitales. Así que el mencionado colectivo decidió presentar un recurso de reforma subsidiario de apelación. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia afirma que están hartos de tanta injusticia, por lo que considera «racismo judicial» y anuncia que la familia Giménez contrató a un grupo de «letrados de élite» para acabar con el «sin sentido, persecución, odio y marginación judicial». Entre ellos figuran Javier Peiró (doctrina Jodorovic), Gustavo Galán (exabogado del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas), Bárbara Royo (exaboagda de los Charlines) y Javier Moro (exabogado del caso de los controladores aéreos). Aseguran también que cuando alguien de la familia Giménez o su entorno, incluso, algún miembro de la asociación, «siempre y sistemáticamente le toca la Sala Segunda de la Audiencia lo que parece hecho a la carta».

Los citados empresarios afirman que «esperemos que la jueza titular del Juzgado Número 3 de Cangas do Morrazo, donde se lleva dicha causa, entre por fin en razón, pues no se puede privar a estas personas de ejercer su derecho al trabajo después de 9 años de instrucción sin haber ocurrido ningún tipo de incidente y haber cumplido escrupulosamente durante todo este tipo con las premisas de dicha orden. Además a los mercados a los que se refiere dicha restricción no acude ninguna persona o familia de las supuestas víctimas, conocidos como los gitanos zamoranos, con lo que no puede haber conflictos ni en el presente ni en el futuro», manifiesta el colectivo en su nota. En el recurso se asegura que no existe justificación para el mantenimiento de las medidas cautelares. «En la actualidad, difícilmente se puede mantener a tenor del iter y espacio temporal transcurrido de la existencia de riesgos de atentar contra la vida o integridad física de los perjudicados en su condición de testigos.

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