Comienza la demolición de la carpintería de Beluso incendiada en 1997

El Concello ordenó su derribo hace un año ya que el edificio estaba inacabado y no se ajustaba al PXOM

La demolición de la carpintería en Chan de Piñeiro, en Beluso, en la que hubo un incendio intencionado en septiembre de 1997 y que permanecía sin actividad desde entonces.

La demolición de la carpintería en Chan de Piñeiro, en Beluso, en la que hubo un incendio intencionado en septiembre de 1997 y que permanecía sin actividad desde entonces. / Gonzalo Núñez 

Bueu

Un año después de que el Concello de Bueu dictase la orden de demolición del edificioque albergaba una carpintería en Beluso las máquinas por fin ha comenzado a derribar el inmueble. La edificación estaba inacabada y permanecía sin uso desde septiembre de 1997, cuando se registró un incendio en su interior. Un fuego que fue provocado por su entonces propietario para cobrar el seguro, unos hechos por los que en un juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra en el año 2005 fue condenado a tres años de cárcel por delito de incendio en bienes propios y otro de delito de estafa en grado de tentativa.

El inmueble se encuentra en el lugar de Chan de Piñeiro, al pie de la carretera provincial EP-1301, y cuenta con una superficie de más de 900 metros cuadrados construidos. Se trata de un edificio de bajo y dos plantas que no se ajusta a las directrices que marca el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para esta zona. El Concello de Bueu comenzó el trámite para ordenar su derribo a instancias de un vecino, que registró un escrito solicitando la demolición y el cumplimiento de la legalidad urbanística.

El actual propietario presentó a principios de 2024 el proyecto técnico para la demolición, aunque los trabajos no comenzaron hasta esta semana. Las tareas deben incluir también la retirada de los escombros de la parcela.

El incendio intencionado en la carpintería ocurrió en la madrugada del 7 al 8 de septiembre de 1997 y, según recoge la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, el objetivo del entonces propietario era cobrar una indemnización de 180.000 euros por el edificio y casi 420.000 euros por el valor de la madera que supuestamente había almacenada, pero de la que no constaba ningún tipo de albarán o factura.

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