El «influencer» detenido por tráfico de Rivotril en 2023 declara que usaron su tarjeta sanitaria

Reside en Barcelona y alejado de sus anteriores compañías en O Morrazo

La intervención de la Guardia Civil, el jueves, en un edificio okupado de la Rúa Atranco, en Cangas.

La intervención de la Guardia Civil, el jueves, en un edificio okupado de la Rúa Atranco, en Cangas. / | Santos Álvarez

Cangas

El golpe que la Guardia Civil dio este jueves al tráfico ilegal del ansiolítico Rivotril utilizado como uno de los componentes principales de la llamada «droga de los pobres» o karkubi es una nueva fase de una investigación que comenzó hace años. En 2023 había sido detenido un influencer y cantante de drill de O Morrazo muy activo en redes sociales. Entonces estaban investigadas hasta ocho farmacias de la provincia.

Al influencer se le imputaban delitos contra la salud pública y tráfico de drogas al acusarle de proporcionar a terceros, presuntamente, Rivotril con ánimo de lucro. Sin embargo, el caso se ralentizó en su fase judicial, gravemente afectado por la huelga de abogados del turno de oficio.

Desde hace años este acusado reside en Barcelona y, según ha podido saber FARO, ha declarado ante el juez de forma telemática en las últimas semanas. Se defendió alegando que en aquella época le había desaparecido la tarjeta sanitaria y que fue utilizada por otras personas. Su defensa solicitó varias pruebas periciales como su presunta denuncia de la desaparición de este documento.

La defensa esgrime también que el joven lleva años residiendo fuera de Galicia y totalmente alejado de las compañías que frecuentaba cuando vivía en O Morrazo.

Tras el golpe de este jueves las investigaciones apuntan a una «nueva generación» de personas que se dedican al tráfico de Rivotril en el mercado negro. El único detenido, ahora en libertad a la espera de declarar, fue J.M.J.J. de 59 años. La Fiscalía de Menores investiga a otros dos adolescentes que presuntamente falsificaban recetas médicas para obtener este ansiolítico.

La Guardia Civil investiga también a tres médicos de familia y dos psiquiatras, que Sanidade mantiene en sus puestos garantizando su presunción de inocencia hasta que se esclarezca lo ocurrido.

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