El tripartito reunirá la comisión del pacto de gobierno tras la detención de González

El gobierno está dispuesto a convocar la junta de portavoces que solicitaba la oposición municipal para debatir en su seno la situación en la que se encuentra el concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, tras ser acusado de tráfico de influencias y suplantación de identidad en relación a la solicitud de baja de un vado. El ejecutivo local, formado por BNG, PSOE y EU sostiene que no tienen nada que ocultar, que no tuvieron acceso al atestado y que optan por la transparencia. La fecha que se baraja para esta junta de portavoces es la de mañana.

También se convocará la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Aquí no se puede decir quien la pidió antes, prácticamente todo el tripartito está convencido de que la detención de Eugenio González debe ser tratada en el seno de esta comisión. Lo que no hay es fecha, aunque seguro que no pasará de la próxima semana. Aquí se quieren discutir todas las posibilidades, desde dejar todo como está y aplicar el criterio ético de los dos partidos políticos en cuanto a la corrupción (ambos coinciden en que no se pedirá la dimisión de un cargo hasta que no se abra juicio oral), hasta la dimisión del edil o que abandone solo su delegación, quedándose solo como concejal del grupo de gobierno sin responsabilidad en el ninguna área.

Por otra arte, el empresario local y ex pareja de la denunciante que figura como investigado en el atestado que realizó la Guardia Civil en relación con la detención del concejal socialista de Cangas, Eugenio González, al que se acusa de suplantación de estado civil, no fue interrogado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es más, en estos momentos se encuentra de viaje en un país asiático, algo que no se lo impidieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La defensa del concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, manifiesta que el empresario tendrá que responder también a las preguntas de la titular del Juzgado Número 3 que lleva la causa. Presuntamente, el citado empresario solicitó a Eugenio González que presentara en el Concello una solicitud de retirada de un vado permanente, algo que supuestamente realizó, apropiándose de forma indebida del nombre de la expareja del empresario y dejando su correo electrónico y su teléfono. También el hecho de que el trabajador municipal acudiera en calidad de testigo al cuartel de la Guardia Civil y acabara como investigado anula todo lo dicho hasta el cambio de calificación. Aunque nada transcendió de lo dicho por el mencionado trabajador.

Desde el Concello de Cangas se recuerda que no es labor de la Policía Local retirar vados, que una condición indispensable para dar de baja es entregar la placa en el Concello, y ahí no está. Presuntamente, la expareja del denunciante acudió en algún momento a retirar él la placa. Hay que recordar que la denuncia fue presentada por la expareja del empresario local por unos hechos ocurridos en febrero de 2023. Eugenio González se enfrentaría a una pena de 6 meses a 3 años de cárcel por la suplantación de identidad, si es que va a adelante el caso. Según expertos en temas judiciales, más difícil es que prospere el tráfico de influencias, no obstante, según señala el Código Penal, «el delito de tráfico de influencias es una manifestación de la corrupción administrativa, y se comete cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso del prevalimiento para que emita una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero...». Las penas incluyen prisión de seis meses a dos años, multas y hasta nueve años de inhabilitación.