Dos investigados más en relación con la detención del edil de Deportes de Cangas

Se trata de un empresario local y exmarido de la denunciante y un trabajador del Concello, que acudieron a declarar, en principio, en calidad de testigos

Para dar de baja un vado es imprescindible entregar la placa

Sagrario Martínez; su compañero, el edil que fue detenido, Eugenio González; y los ediles de Bueu Celso Dopazo e Isabel Quintás.

Sagrario Martínez; su compañero, el edil que fue detenido, Eugenio González; y los ediles de Bueu Celso Dopazo e Isabel Quintás. / Santos Álvarez

Cangas

El concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, no es el único que está siendo investigado por la causa que produjo su detención por un presunto caso de tráfico de influencias y suplantación de personalidad en la solicitud de un vado permanente. Hay dos personas más, un empresario de la localidad y también un trabajador del Concello de Cangas. En su momento acudieron a declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Cangas en calidad de testigos y acabaron como investigados. El empresario es el exmarido de la persona que denunció los hechos. Según fuentes municipales, hubo mucha tensión en el interrogatorio que la Guardia Civil realizó al trabajador municipal. También acudió a declarar como testigo el secretario municipal del Concello de Cangas.

Según pudo averiguar FARO DE VIGO, la Policía Local de Cangas en ningún momento fue a la casa de la denunciante a retirar la placa del vado permanente; en más, la primera condición para que se dé de baja un vado permanente es que el titular debe entregar la placa, algo que en este caso no se produjo. Se desconoce, hasta el momento, cómo supo la denunciante que se había presentado en el Concello de Cangas una solicitud de baja del vado a su nombre. Al Concello de Cangas le consta que a la denunciante le seguía llegando la tasa de su vado permanente al cobro. Ya el sábado, la defensa del edil socialista hacía mención a que el vado nunca se había dado de baja porque no se tramitó la solicitud, que en ningún caso se estaba ante un caso de corrupción y que todo ello ocurría dentro de un conflicto de ámbito privado.

El concejal socialista Eugenio González no se esconde de las miradas indiscretas ni de las palabras al oído de sus conciudadanos. Si el sábado por la tarde acudió al encuentro que disputaba el Club de Balonmano Cangas Frigoríficos Morrazo en O Gatañal, ayer estuvo en su despacho y también tuvo ocasión de recibir a sus compañeros de partido del Concello de Bueu, Celso Dopazo e Isabel Quintás, que acudieron a Cangas a apoyar a su compañero. Es una muestra más de que el PSOE está con él.

Antes, a primera hora, Eugenio González ya había asistido a la habitual junta de gobierno de los lunes. Después permaneció en el despacho del PSOE desempeñando su trabajo como concejal de Deportes, puesto que ocupa desde septiembre del pasado año, cuando relevó a Iria Malvido tras su dimisión.

Los hechos que se están investigando sucedieron en febrero de 2023.

La sensación que se quiere trasladar desde el gobierno local es de normalidad, que se sigue con la agenda habitual y que la detención de Eugenio González el pasado miércoles no va a importunar la labor del gobierno de coalición, que afronta sus dos últimos años con el objetivo de cumplir los grandes objetivos marcados cuando se firmó el pacto de gobierno de Cangas.

José Luis Gestido y su compañera en el PP, Dolores Hermelo, en el pleno. |  Gonzalo Núñez

José Luis Gestido y su compañera en el PP, Dolores Hermelo, en el pleno. / Gonzalo Núñez

El PP solicita la celebración de una junta de portavoces urgente ante «el silencio cómplice»

El PP solicita la celebración de una junta de portavoces urgente ante lo que denominan «ley del silencio del gobierno municipal». Habla de silencio cómplice y acusa al gobierno «nacionalista» de pretender tapar todo lo relacionado con el caso y de no dar explicaciones públicas. «Parece que la única prioridad es salvar la coalición a toda costa. Cada día que pasa más dudas y sospechas suscita».

También le recuerda a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que no es el únicos caso judicial alrededor del gobierno local. «Estamos hablando de un equipo de gobierno investigado por delitos graves relacionados con el ciberataque que sufrió el Concello en 2023 como malversación y prevaricación. No vamos a permitir que se escondan ni que traten de ocultar información a los vecinos». Tampoco convence al PP que la alcaldesa se niegue a intervenir mientras no exista una sentencia. «Es irrelevante que el asunto ocurriese en el anterior mandato»

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