La ‘piqueta’ ya hizo su trabajo en Lapamán
Concluye en apenas dos semanas la demolición del edificio ilegal de Marín, cuyo derribo se ordenó en 2013 | Se ejecutó en su día con licencia de Bueu pese a ocupar suelo marinense
Fueron necesarios más de once años para materializar una orden de derribo dictada en 2023, más el largo proceso judicial anterior entre Marín y Bueu sobre la concesión de su licencia. Y en apenas dos semanas, la ‘piqueta’ ha resuelto tres décadas de litigios.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia (Aplu) ha culminado, a falta de retirar escombros y otros detalles, la demolición de un edificio ilegal en el Camiño Real de Lapamán (Marín) sobre el que pesaba una orden de derribo desde hace casi doce años. Estos trabajos, supervisados en su inicio por la directora de la agencia, Victoria Núñez, se iniciaron a finales de enero, apenas cuatro meses después de conocerse una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra en la que condenaba a la Aplu a ejecutar ese derribo y calificada de «inexcusable» este retraso.
Apenas unos días después de aquella sentencia, la agencia licitaba los trabajos por unos 180.000 euros, con un proyecto que se elaboró ya en 2022. El edificio se localiza en el límite de Marín y Bueu y en su día se levantó con licencia del segundo municipio, lo que generó un pleito de lindes que acabó ganando Marín, de modo que el inmueble en cuestión carecía de licencia en vigor legal.
Este proceso empantanó durante años la demolición, pero el juzgado pontevedrés sostenía en su sentencia que el retraso es “inexcusable”. Recordaba que la primera orden se dictó en mayo de 2013 y se trataba de un edificio sin concluir ubicado en el Camiño Real, junto a la playa de Lapamán, en Casas, de la parroquia marinense de Ardán.

Una excavadora da los últimos toques al derribo / Gustavo Santos
Tras el desmantelamiento de instalaciones interiores, el derribo de la estructura de placas y ladrillo, que nunca llegó a utilizarse, se completó el derribo, si bien las tareas complementarias podrían alargar la presencia de los operarios en la zona hasta marzo. Pero desde ayer, las vistas al mar son distintas en la zona. De hecho, aquel fallo judicial hacía referencia al «grave atentado al paisaje que causa la edificación, con una tipología, volumen y estética totalmente disonantes en el contexto en el que se halla, en zona de especial valor medioambiental y paisajístico (servidumbre de protección de costas, suelo rústico protegido), en una playa de gran afluencia turística, transmitiendo una pésima imagen de Galicia».
La Xunta justificó en si día que «ejecuta subsidiariamente la orden de demolición dictada por la Aplu, tras no haber ejecutado el propietario el derribo, tal y como se había notificado, y al que se le repercutirá el coste». Añadía que «muestra el firme compromiso con su deber de recuperar el territorio especialmente protegido, como ejemplifica esta obra sin finalizar erigida sobre la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, generando un fuerte impacto sobre el paisaje».
Aunque esta agencia ha ejecutad más de 70 derribos de edificaciones ilegales en los últimos cinco años en los 14 municipios de la comarca (entre ellos 21 en Pontevedra y ocho en Marín), este organismo aún arrastra diversos expedientes que acumulan años de trámites sin que hayan llegado a su fin. Uno de los casos mas llamativos es el del antiguo club Ciros, al borde de la carretera N-550 en Paredes (Vilaboa), que permanece cerrado y abandonado, a la espera de un derribo ordenado en 2005. Fueron años de pleitos en los tribunales para echar abajo lo que oficialmente consta como «bar-restaurante, pub y complejo hotelero» pero que carecía de licencia municipal y de autorización autonómica”. En julio de 2019 la Aplu llegó a adjudicar ese derribo a una empresa especializada, pero casi seis años después, el edificio aún sigue en pie.
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