La Xunta afirma que Cangas pasará a pagar a Sogama 830.000 euros, no 1,5 millones
La Consellería de Medio Ambiente sostiene que la nueva tasa que tendrá que pagar es de 83 euros por tonelada «si cumplen los requisitos establecidos»
La tarifa reducida que se remitió al Concello es de 95 euros más IVA

Reunión de la junta de gobierno de la Mancomunidade. / Gonzalo Núñez
La Consellería de Medio Ambiente desmiente al Concello de Cangas. Afirma que no es cierto que con el nuevo canon de Sogama (Sociedad Galega de Medio Ambiente) el Concello de Cangas pase de pagar 680.000 euros a 1,5 millones de euros a la mencionada empresa semipública. Sostiene que los datos que hizo públicos el Concello no son los correctos y que a Cangas el nuevo canon le supondrían 830.000 euros al año.

Camión de recogida de basura. | Gonzalo Núñez
Según los cálculos que realiza la Consellería de Medio Ambiente, con la actualización del canon de Sogama para 2025, el coste para todos los concellos adheridos a su sistema de gestión ascenderá a 83 euros por tonelada «si los entes locales cumplen los requisitos establecidos» (de los 95 euros que figura en la carta a los Concellos hay que reducir 12 a través del Fondo de Cooperación Local). Recuerda que la Xunta de Galicia soporta el 60% del incremento del canon, correspondiendo el 40% restante a los municipios. Medio Ambiente señala que Cangas entregó a Sogama en 2024 un total de 9.899,07 toneladas de bolsa negra, ascendiendo la facturación de esta fracción a 778.325 euros. «De ese importe habría que descontar los 120.000 euros aportados al Concello por la Xunta a través de un Fondo de Cooperación Local adicional. En 2025, y tomando como referencia los 83 euros/tn, después de la aportación contemplada en el FCL., el coste para Cangas sería de 830.000 euros, no de 1,5 millones de euros». También indica que, en todo caso, la actualización del canon de Sogama responde al <basurazo> o <taxazo> ya conocido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues a través de nuevos impuestos y la supresión unilateral de compromisos y acuerdos, atenta contra el bolsillo de la empresa, concellos y de todos los gallegos.
Sin embargo, en el escrito que Sogama dirige a la alcaldía de Cangas el 21 de enero y que entra en el registro como: Resolución del Canon unitario tratamiento residuos domésticos año 2025 y solicitud del canon reducido hasta el 21 de febrero de 2025, se hace constar que:_«Pois ben, a Consellería de Medio Ambiente ven de publicar a Resolución de 20 de xaneiro de 2025 (DOG Número. 3 del 21 de xaneiro de 2025), pola que se fai público o importe do canon unitario por tratamiento de residuos domésticos a aplicar por Sogama durante o ano 2025, que se fía en 108 euros por tonelada más IVA e establece un canon de contía reducida que se fixa en 95 euros por tonelada de residuos domésticos xestionada, máis IVA».
Para nada se habla de la cifra de 83 euros , ni en la versión de la tasa reducida, que se fija en 95 euros por tonelada más IVA. Claro que si el Concello reduce las toneladas paga menos a Sogama. El gobierno local realizó las cuentas consciente de que la exigencias para acogerse a la tasa reducida son fáciles de cumplir, pero que aún así se dispara el coste de Sogama.
El Ayuntamiento transferirá el dinero de la tasa a la Mancomunidade de O Morrazo
Lo que el nuevo canon de Sogama va a suponer también de novedad en Cangas es que a partir de este año 2025 es que el Concello dejará de pagar su cuota correspondiente a Sogama, sino que entregará el dinero a la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, que es a la que pertenece y la que se ocupa de la gestión del servicio de recogida de basura de los concellos de Cangas, Moaña y Bueu. De esta forma, no realizará cuentas ni deudas tampoco con Sogama. En todo caso, sería la Mancomunidade de O_Morrazo quién las tendría. Es un sistema que ya aplica el Concello de Bueu. La intención del gobierno local de Cangas es poner en práctica esta modalidad. Bueu cambió de sistema cuando tuvo lugar las crisis económica financiera, cuando concellos y mancomunidades tenía problemas para hacer frente a los proveedores y tuvieron que ser intervenidos por el Estado en 2011.
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