La piscina de Moaña cambia de gestor y el PP exige un informe de Intervención

FCC Aqualia consuma la segregación de la piscina municipal de Moaña de su empresa matriz, pasando la concesión de su gestión, mantenimiento y explotación a su nueva compañía para el negocio de dotaciones deportivas Local Sports Centers Management. El último paso fue la toma de razón en el pleno de este jueves, el último del año. Fue una sesión de la corporación que acabó con deseos de un feliz 2025 por parte de todos los grupos, aunque hubo un importante desacuerdo sobre el cambio de empresa de la piscina.

El portavoz del PP, Javier Carro, tomó la palabra para cuestionar el informe de la secretaria municipal que valida ese movimiento. Desde el principal partido de la oposición aseguran que este cambio de empresa debería contar con el aval de la Intervención Municipal, argumentando que la nueva empresa «solo tiene un capital social de 3.000 euros» y poniendo en cuestión que pueda asumir a tantos trabajadores.

Moaña valida el cambio de empresa de la piscina entre el temor de la plantilla

Para Carro, además, la empresa matriz se desprende de la piscina «sin que el Concello revise las deficiencias de la instalación, que se pueden catalogar como muy graves y dar lugar a una rescisión del contrato. El portavoz del PP habla de problemas «de limpieza y mantenimiento».

Hay que recordar que la representación sindical de la plantilla de la piscina, canalizada a través del sindicato CIG, mostró su inquietud por este cambio, alertando de intentos previos de reducir sus horarios cerrando la dotación deportiva durante el mediodía. Mantienen la petición de una reunión con el Concello.

Desde el gobierno local, por su parte, la portavoz del BNG María Ortega alegó que este cambio ni se vota por los concejales «pues es una segregación que está autorizada en base a la legislación mercantil vigente y verificada ante las entidades competentes». Alega que la nueva empresa debe asumir la totalidad de los «bienes, las participaciones, las responsabilidades y las cargas vinculadas» del contrato.

Desde el PSOE, el concejal Mario Rodríguez apuntó a que el objetivo de su formación es que los vecinos «sigan disfrutando de las instalaciones de la piscina municipal» y entiende que «con base a la legislación vigente los derechos de los trabajadores están garantizados al menos durante los tres primeros años desde que se produce la sucesión empresarial».

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