La Fiscalía ve indicios de cuatro delitos por el «ciberrescate» de Cangas y lo envía al Juzgado

Los hechos que rodean el rescate de los sistemas informáticos del Concello de Cangas que fueron objeto de un ciberataque a mediados de 2023 pueden ser «constitutivos de los delitos» de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, daños informáticos y coacciones a juicio de la Fiscalía de Pontevedra, que, de acuerdo con esos indicios, acuerda el archivo de la investigación preprocesal y la formulación de denuncia ante el Juzgado competente para que incoe las diligencias para su investigación.

La medida se toma tras varios meses de pesquisas a raíz de la denuncia formulada por los concejales del Partido Popular, en la que se ponía de manifiesto que en mayo de 2023 los sistemas informáticos del Concello habían sido objeto de un ciberataque que afectó a varias áreas y documentos municipales y que los autores solicitaban un rescate a cambio de facilitar las claves para desencriptar los archivos y normalizar la situación. Indagan si el Concello pagó a los piratas informáticos –a través de la empresa Evelb– un rescate de 197.843 euros y otras posibles irregularidades.

A la denuncia del PP se sumó posteriormente el grupo Alternativa dos Veciños, liderado por la exalcaldesa Victoria Portas, que ya no estaba en el cargo cuando se produjeron los desembolsos.

La Fiscalía estima que los hechos denunciados «pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, porque se ha adjudicado un contrato público a sabiendas de que su objeto era el ilegal pago de un rescate a los autores del ataque informático, y un delito de malversación de caudales públicos del artículo 433 del mismo Código, porque se han utilizado fondos públicos con igual finalidad».

«Se ha adjudicado un contrato público a sabiendas de que su objeto era el ilegal pago de un rescate a los autores del ataque informático»

Además, añade la Fiscalía, «subyace la existencia de un delito de daños informáticos del artículo 264 del Código Penal y otro de coacciones del artículo 172 del mismo Código». Atendiendo a esos indicios, acuerda «proceder al archivo de las presentes diligencias [de investigación preprocesal] y la formulación de denuncia ante el Juzgado competente [con el] objeto de que se proceda a incoar diligencias previas para la investigación de los hechos», concluye el decreto firmado por el fiscal Jesús Calles Villamandos.

Para la investigación de los hechos denunciados, la Fiscalía requirió del Concello de Cangas el correspondiente expediente municipal, solicitó información a la Guardia Civil y a la empresa que llevó a cabo la negociación con los autores del ciberataque, y se tomó declaración «en calidad de sospechoso» al administrador de Evelb Técnicas y Sistemas SL.

Posteriormente, en vista de la información obtenida, se acordó tomar declaración, «en calidad de testigos», al técnico de la empresa informática autor del informe, al responsable de los sistemas informáticos del Ayuntamiento y al interventor municipal. También se acordó solicitar más información a la referida empresa informática y datos bancarios que puedan ser relevantes para investigar el pago del rescate a los cíberdelincuentes.

El Concello sabía que el dinero a Evelb iría a pagar a los piratas informáticos, que cobraron en «bitcoins»

De las investigaciones practicadas a raíz del ataque informático sufrido por el Concello de Cangas y denunciado ante la Guardia Civil por la entonces alcaldesa, Victoria Portas, y del que no consta su autoría, derivan varias conclusiones. Entre ellas, que para desencriptar los archivos afectados y restablecer los sistemas informáticos se produjo una negociación de los responsables de Evelb con los autores del ciberataque y se abonó en criptomonedas el importe pactado, y para el pago de esa cantidad Evelb giró al Ayuntamiento de Cangas una factura por 197.843 euros que se abonó con fondos públicos.

«Se han revelado indicios suficientes para entender que los responsables del Ayuntamiento eran conscientes de que el contrato adjudicado a Evelb por importe de 197.843 euros y cuyo objeto era el de servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransonware´ en realidad tenía como finalidad el pago de la cantidad negociada con los autores del ataque informático», aún a pesar de que el administrador de Evelb declaró que la idea de negociar con los ciberdelincuentes fue una decisión suya, valorando la posibilidad de obtener un precio «razonable» del rescate que pagaría el Concello.

Repara la Fiscalía en que Evelb emitió factura al Concello por importe de 197.843 euros el día antes de la resolución de la Alcaldía para contratar, por emergencia, los «servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ramsonware del tipo Lockbit 3.0 ID Multivectorial».

Cuando el Concello solicitó a la empresa adjudicataria una justificación del cumplimiento del contrato, esta le remitió un «Informe de recuperación tras ciberataque en Concello de Cangas», en el que «con toda naturalidad se describe como una de las actividades llevadas a cabo la de contactar con los ciberdelicuentes para obtener detalles sobre la posible liberación de claves y herramientas de descifrado, realizar un proceso de negociación, aceptar el rescate y proceder a su pago en bitcoins».

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