La mayoría de los dueños quieren pagar el millón de euros para salvar Noria 4

Las consultas del gobierno local con los propietarios de los pisos, bajos y entreplantas del edificio Noria 4 ofrecieron un panorama más alentador del inicialmente previsto. A pesar de que hay afectados que siguen sin ver bien que se le pague al denunciante un millón de euros para evitar la demolición del edificio, lo cierto es que es mucho más elevado el número de propietarios que quieren hacerlo.

La mayoría quiere acabar de una vez con la actual situación de inestabilidad legal que dura desde finales de los 80 y comenzar una nueva etapa. Pero se siguen buscando fórmulas legales para hacerlo. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la portavoz socialista, Iria Malvido (PSOE) acudieron ayer a Bueu a mantener contactos con el alcalde y el concejal de Urbanismo para saber cómo solucionó ese concello un problema similar que había con el edificio Pintos. La condición de compradores de buena fe fue determinante en este caso. En Noria, aún se está pendiente de realizar esa lista.

El acuerdo intrajudicial que se pretendió realizar en 2022 ante el TSXG fue archivado. El alto tribunal observó en la postura del Concello, de que el acuerdo no le supusiera ningún gasto, escasa voluntad, la misma que vio en la parte denunciante al no rebajar sus elevadas pretensiones económicas. No se sabe si se podrá retomar otra vez esta vía, pero no lo parece.

Entre los planteamientos que el gobierno realizó a los propietarios figura la denuncia al Concello. Este momento sería una vez la administración municipal procediera al derribo del edificio, porque sería cuando el Concello pasaría a los propietarios la minuta correspondiente de los trabajos de derribo. Son estrategias que se plantean para hacer menos gravoso el acuerdo con los vecinos y el denunciante. Claro que los afectados quieren también garantías de que una vez pagado el millón de euros al denunciante, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no va a insistir en el cumplimiento de la sentencia firme que ordena el derribo. Tampoco se sabe muy bien como ocurriría esto, al margen de un acuerdo intrajudicial como el que se propuso en 2022 y que no salió adelante.

A lo largo de estos días de consultas se pudieron ver situaciones de todo tipo. Personas que aseguran haber comprado antes de que decayera la licencia municipal concedida por el Concello, otras que manifiestan que ni en el Registro de la Propiedad ni en la Notaría se les advirtió de la infracción urbanística y había también personas que compraron no hace muchos años sin que desde la propia inmobiliaria fueran advertidos del problema que había con el edificio. Personas que gastaron todos sus ahorros en adquirir su vivienda en Noria 4 y que tienen miedo de perderlo todo, de ahí que sean más los que quieren arreglar el conflicto pagando un milllón de euros al denunciante, el abogado José Lobera, que aquellos que no quieren hacerlo.

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