Tres de las ocho personas que permanecen en prisión por la operación antidroga “Brown Cod” declararon ayer nuevamente ante la jueza que instruye el caso y después de su comparecencia continuarán en la cárcel, tal como confirmaron ayer desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Las declaraciones no se efectuaron de manera presencial, sino a través de videoconferencia desde la prisión, tal como explican las fuentes consultadas. Y las tres personas que estaban citadas o se negaron a declarar o bien se limitaron a responder únicamente a las preguntas de sus abogados defensores.
Este caso se instruye desde el Xulgado de Instrución e Primeira Instancia número 2 de Cangas y las comparecencias de ayer se incluyen dentro de la fase de instrucción del sumario. Una de las personas investigadas se limitó únicamente a responder a las preguntas formuladas por parte de su defensa y aseguró que no tenía nada que ver con los hechos delictivos que se le imputan. A preguntas de su abogado afirmó que trabajaba en empleos conocidos y autorizados por la Administración.
Otro de los acusados, por su parte, optó por acogerse a su derecho a no declarar, apuntan fuentes cercanas al caso.
Entre los acusados estaba una persona que ya se encontraba en prisión antes de la operación “Brown Cod” por otra causa.
La operación “Brown Cod” [bacalao marrón] se desarrolló en varias viviendas de Cangas, Arousa, Vigo, Mondariz y en la provincia de Córdoba el pasado 12 de septiembre y se saldó con quince personas detenidas, de las que ocho están prisión y siete quedaron en libertad con cargos. A ellas habría que unir a uno de los considerados como líderes de esta organización, que permanece fugado. La Fiscalía acusa a los investigados de pertenecer a una colectivo organizado y estructurado, con varios vehículos, y que se dedicaban al acopio regular de sustancias estupefacientes para su posterior distribución. Esas sustancias serían principalmente hachís y cocaína.
El operativo de registro simultáneo en las viviendas de los acusados lo llevó a cabo el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. En su primera comparecencia en el juzgado de Cangas, que es quien coordina las investigaciones, acudieron a declarar en un autobús del instituto armado.
