Una airada y aireada discusión a finales de la semana pasada entre okupas de una vivienda en la avenida de Ourense 98 puso al descubierto una larga lista de denuncias que se produjeron a lo largo del año, sobre todo en verano de fiestas clandestinas, quejas por ruidos, desperfectos, conexiones ilegales a la red pública, asalto a los contadores de agua y más recientemente la rotura de un colector en los apartamentos-bajos que se sitúan en el mencionado edificio, cuya parte trasera da a los jardines del paseo de Rodeira, donde están las pistas de skate.
En estos momentos, en el citado edificio, hay hasta seis viviendas okupadas: se trata de bajos propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A.). Comenta la comunidad de vecinos que hasta hace poco estaban en manos de Servihábitat, que supuestamente había solicitado el alzamiento. Pero lo cierto es que ahora están en manos de la Sareb, que no se preocupa demasiado por su estado.
En principio fueron okupadas por gente de Cangas que no planteaba problemas, pero aseguran los vecinos que con el tiempo llegó gente de otro tipo, que actúa con violencia y que incordia a los demás inquilinos del edificio. Las puertas se arrancan con violencia y no hace mucho una fue encontrada en el río Saiñas.
Desde Comunidades Morrazo, que gestiona el mencionado edificio, comentan que las roturas de puertas en donde se guardan los contadores eran constantes, así como de cerraduras. Hasta el punto que se reponían y al día siguiente volvían a estar rotas. Los okupas operan en los contadores para gestionar de forma ilegal el agua a sus viviendas, como hacen también con la luz. En una ocasión engancharon un cable a una farola y toda la zona quedó sin luz.
Esto es así desde hace tres años, prácticamente. Pero este verano las actuaciones de los okupas llamaron la atención con sus juergas nocturnas. Comentan los vecinos que cerraron la plaza donde están los bajos con vallas y parte de los jardines públicos del paseo de Rodeia y montaron fiestas hasta altas horas de la madrugada. Muchos de los vecinos llamaron a la Policía Local, que cuando llegaba ordenaba bajar el volumen, pero nada más irse lo volvían a subir. Echaron y echan de menos una actitud más contundente por parte de la Policía Local de Cangas, porque recuerdan que las fiestas eran ilegales. Comentan que incluso se insultaba a los policías.
Comunidades Morrazo advierte que ellos denunciaron numerosas actuaciones de los okupas, pero que quien tiene que echarlos de las viviendas es su propietario, que es la Sareb, y que no realiza esfuerzos en este sentido. Se recuerda una sola visita de trabajadores de la Sareb a ver esas viviendas que tiene en propiedad, nada más. Comunidades Morrazo volverá a presentar denuncia ante la Guardia Civil por los desperfectos ocasionados en el inmueble la pasada semana.
Los vecinos están cada vez más preocupados. Si bien al principio los primeros okupas que había no molestaban, ahora se han convertido en un verdadero problema. Un inquilino de uno de los pisos del edificio afirma que ya no aguanta más, que dejará próximamente su vivienda. A su vez, los propietarios comprueban como la permanencia de los “okupas” están depreciando el valor de su propiedad; de ahí que piden que alguien actúe con contundencia, que si la Sareb de motu propio que alguien le obligue a actuar presentando denuncia, porque la situación es ahora mismo insoportable.
Falta una ordenanza de ruidos para actuar con más contundencia
A la Policía Local le constan estos problemas en el edificio número 98 de la avenida de Ourense. Pero asegura que en el tema de ruidos no puede ser tan contundente como quisiera porque el Concello de Cangas, en primer lugar, carece de ordenanza municipal, esa que tantas veces se intentó hacer en Cangas y que al final nunca se sacó adelante.
Por otra parte, en el anterior mandato se rescindió el contrato con la empresa Virocem para realizar mediciones de ruidos y las mediciones realizadas por la Policía Local mediante sonómetro carecen de validez en un juzgado, conforme acreditan muchas sentencias, según informa el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla.
Pero de nuevo se insiste en que es la propiedad quien tiene que denunciar e iniciar un proceso judicial para retirar a los okupas de las citadas viviendas. El miedo que hay es que cada vez sean más personas las que habiten esas viviendas, porque la conflictividad también aumentará, de igual modo que las fiestas nocturnas de este verano, que se siguen produciendo.
